Una iniciativa que nació en la Asamblea prendió las alertas. Veintidós legisladores creen que la Corte Constitucional debe “interpretar” las resoluciones del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, que nació por consulta popular.

Sus integrantes fueron los primeros en rechazar la posible participación de la Corte (que también podría ser evaluada por el Consejo). Algunos asambleístas reconocieron que su intención podría haber “sido mal interpretada”.

El tema debía tratarse ayer en la Asamblea, pero su proponente, Daniel Mendoza (PAIS), pidió que se aplace. Su proyecto de resolución en contra del Consejo de Participación tiene la firma de apoyo de 22 asambleístas correístas, morenistas, de CREO e independientes. Aunque ayer Ana Galarza y Homero Castanier se echaron para atrás.

Si el debate es de orden constitucional, ¿qué dicen los expertos en el área? La conclusión de los consultados por EXPRESO ayer es que la política busca “trabar” el trabajo del Consejo.

Actualmente, están en evaluación el Consejo de la Judicatura, la Fiscalía, el Consejo Nacional Electoral (CNE), la Superintendencia de Bancos, la Defensoría del Pueblo y la Superintendencia de Compañías.

¿Procede una interpretación de la Corte de las resoluciones del Consejo Ciudadano? El abogado constitucionalista y exvocal de la Corte Constitucional Antonio Gagliardo calificó a esta intención como “impertinente”. “El pueblo ecuatoriano le dio un mandato al Consejo de Participación para que pueda evaluar a las autoridades y elegir a las nuevas de forma transparente. No hay mayor mandato que el mandato popular”, dijo a EXPRESO.

Gagliardo solo tiene un reparo. A sus ojos, el Consejo Transitorio no tendría la capacidad de evaluar a los vocales de la Corte Constitucional porque ellos no fueron elegidos por concurso realizado por el organismo ciudadano.

Para Salim Zaidán, constitucionalista y profesor de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, esta es una “maniobra más política que jurídica”, en la que de por medio estarían los intereses de los vocales de la Corte Constitucional y del CNE, que son dos de los organismos que, se prevé, serán evaluados.

“Me parece que las autoridades alineadas con el correísmo quieren mantenerse en el poder. La Corte y el CNE son dos espacios en donde ellos quieren mantener el poder que tienen”, declaró a este medio.

“Al estilo de quienes gobernaron por diez años se utiliza el nombre de terceras personas para presentar demandas de inconstitucionalidad: lo hizo el expresidente Rafael Correa, el excontralor Carlos Pólit… Es la actitud que estaría usando el Consejo Nacional Electoral”, sostuvo el abogado constitucionalista Ismael Quintana.

Según él, en la Corte ya se interpuso, en los últimos días, una demanda contra el Consejo de Participación cuyo trámite aún no ha sido conocido.