El magistrado Luis Barría, del Juzgado de Garantía de la ciudad de Rancagua, a 90 kilómetros al sur de Santiago, acogió las medidas cautelares solicitadas por la Fiscalía y decretó que Compagnon no podrá abandonar el país y deberá presentarse mensualmente a firmar en una comisaría.
Durante la audiencia de formalización, que fue seguida con un enorme despliegue de los medios de comunicación, Compagnon fue acusada por el ministerio público de presentar declaraciones de impuestos falsas y facturas irregulares, lo que causó un perjuicio al fisco chileno por un valor de 118 millones de pesos (unos 165.000 dólares).
Compagnon es dueña del 50 % de la empresa Caval, que adquirió en 2013 tierras en la localidad de Machalí -un pequeño municipio vecino a Rancagua-, con un millonario préstamo concedido por uno de los dueños de uno de los principales bancos del país y luego las vendió en una operación que les reportó unos 4,8 millones de dólares de beneficios.
El caso, que salió a la luz pública en una revista en febrero del año pasado, ha desatado uno de los peores escándalos políticos conocidos en Chile y su repercusión ha golpeado duramente la popularidad de Bachelet.
Sebastián Dávalos, hijo de Bachelet y esposo de Natalia Compagnon, trabajaba en Caval cuando se fraguó el negocio inmobiliario y unos meses después, cuando estalló el escándalo, tuvo que renunciar al cargo de asesor cultural del Gobierno.
Bachelet, que ha evitado referirse al tema en actividades públicas, realizó una breve comparecencia en el Palacio de La Moneda, sede del Ejecutivo, en la que dijo que los chilenos merecen igualdad ante la ley y reconoció que el caso Caval ha sido doloroso para ella a nivel personal.
«Desde el corazón quiero decir que han sido tiempos difíciles para mí y para mi familia, muy dolorosos y que sin duda eso me ha afectado profundamente», dijo la mandataria visiblemente afectada.
«Es un sentimiento humano normal. Pero eso no me ha nublado ni por un minuto de lo que son mis responsabilidades como presidenta de la República y como jefa de Estado», añadió.
Con el paso de los meses, el caso Caval se ha convertido en una intrincada trama en la que, además de los dueños de la empresa, están implicados funcionarios de la municipalidad de Machalí, gestores inmobiliarios, abogados y el síndico de quiebras Herman Chadwick.
Mauricio Valero, socio de Compagnon en la empresa Caval, y el resto de imputados están acusados de formar parte de una trama para sobornar a funcionarios de la municipalidad de Machalí.
El objetivo de los sobornos, según la Fiscalía, era lograr la recalificación, de uso rural a urbanizable, de los terrenos que Caval le compró a un agricultor que se había arruinado.
Las medidas cautelares más duras que decretó el juez en la audiencia de formalización de hoy fueron para Mauricio Valero, socio de Caval; el síndico de quiebras Herman Chadwick y el gestor inmobiliario Juan Díaz, que deberán permanecer bajo arresto domiciliario durante los doce meses que dure la investigación y no podrán salir del país.
Chadwick fue el síndico encargado de liquidar la quiebra de Wiesner S.A., empresa propietaria de los predios que compró Caval, y está acusado de haber cobrado dinero por su gestión y de haber pagado una millonaria cantidad a Juan Díaz por gestionar la operación.
El caso Caval se suma a una seguidilla de escándalos de corrupción en la política y el empresariado que han afectado al país en el último año.
