A través de la Ley Orgánica para Evitar la Especulación en el Valor de las Tierras, la Función Ejecutiva busca abaratar el precio del suelo urbano, reducir el costo de las construcciones y facilitar el acceso de la población a una vivienda propia a bajo costo. El valor de las mejoras realizadas por un propietario a su inmueble disminuye el monto del impuesto a la ‘ganancia extraordinaria’.

Durante el Enlace Ciudadano 504, realizado el sábado pasado en el cantón Yaguachi (Guayas), el presidente de la República, Rafael Correa, mencionó que uno de los objetivos principales del proyecto de Ley orgánica para evitar la especulación en el valor de las tierras (Loevt) es controlar la posibilidad del aparecimiento de burbujas inmobiliarias en el país.

El Mandatario recordó un ejemplo que proporcionó el alcalde de Guayaquil. Jaime Nebot dijo que, una vez que entre en vigencia la nueva normativa, una persona pagará $13.000 como impuesto, en el caso de que haya comprado una vivienda en $ 40.000 y, después de 4 años, la vende en $ 80.000.

Al respecto, Correa explicó que, en ese mismo lapso de tiempo, si esa casa se vende a $ 62.000, el antiguo propietario obtendría una ganancia y no pagaría impuestos. “Vendiendo a $ 80.000, como el impuesto castiga a la ganancia extraordinaria, tiene una utilidad neta de $ 27.000.

Si se vende a $ 62.000 hay una ganancia bastante grande, apenas menor que la anterior, de $ 22.000, pero se evitó ese brutal incremento de precios, se evitó la especulación, la burbuja inmobiliaria. Ese es el objetivo de la nueva Ley contra la Especulación de Tierras.

Nos da la razón el ejemplo de Nebot”, explicó el Presidente. Además, Correa manifestó que la mayoría de los ecuatorianos compra su casa no para especular, sino para convertirla en hogar, endeudándose a 12 o 15 años, y recordó que casi el 40% de las familias ecuatorianas no tiene casa propia y son las que pagarían $ 80.000 por esa vivienda.

También Correa enfatizó que solo existen tres formas para que el precio de una casa pase de $ 40.000 a $ 80.000 en 4 años. La primera, la casa podría estar construida cerca a una obra pública muy importante que le genera un plusvalor, el cual no debe ser privatizado sino compartido con la ciudadanía.

También podría darse el caso de un cambio en el uso del suelo. “Ese valor, fruto de decisiones de autoridad pública debe ser para la ciudad y no privatizado”. Finalmente, ese cambio sustancial de precio no obedecería a la creación de valor sino a la especulación.

“Se trata de la misma casa. Es la transferencia de valor del vendedor al comprador. Eso es abuso de poder”. María de los Ángeles Duarte, titular del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (Miduvi), manifestó que lo que se plantea es “una reforma al Código Orgánico de Ordenamiento Territorial (Cootad), para que se pueda construir vivienda social o más accesible a la mayoría de la población”.

Según el Miduvi, en el país existe un “enorme déficit de vivienda”, pues aproximadamente 600.000 familias no tienen acceso a comprar una casa o viven en condiciones precarias. Por ello Duarte mencionó a la Agencia Andes que la ley beneficia a todas las personas interesadas en adquirir un bien inmueble, pues los costos bajarían una vez que entre en vigencia la normativa, porque “las personas que pretenden cobrar más de lo que cuesta un bien, ya no pueden especular y generar burbujas inmobiliarias”.