En entrevista para Notimundo, Cristóbal Buendía, director del Observatorio de Movilidad explicó por qué ha solicitado al Municipio de Quito que se determine como lesivo el contrato de la compra de buses biarticulados.

Cristóbal Buendía aseguró en Notimundo que han pedido que se declare lesivo el contrato porque el contrato tiene un defecto legal ya que el contrato fue adjudicado el 1 de diciembre de 2015 y fue firmado el 1 de marzo de 2016. Esto según dijo, está en contra de la ley que el contrato tuvo que ser firmado en un plazo de 15 días. La segunda razón es de acuerdo un examen financiero en el cual se determina que el crédito obtenido para el contrato se tiene una tasa de interés excesiva y un plazo de tiempo muy corto. Este aspecto financiero no tendría coherencia a comparación de otros créditos obtenidos por el Municipio de Quito.

Según Buendía, el contrato tiene vicios de orden legal que podrían producir una nulidad relativa en términos netamente jurídicos.

El Observatorio solicita una reunión con el proveedor para renegociar las condiciones de orden financiero en cuanto a la tasa de interés y el plazo del crédito, ya que la amortización aún no se ha ejecutado. “Lo correcto es que el Alcalde de Quito tome la iniciativa y solucione el inconveniente”, añadió.

Los buses articulados, según Buendía, tuvieron que haber llegado a la ciudad en diciembre; sin embargo, ahora se espera que los 80 buses lleguen hasta octubre y noviembre de este año. La demora se debería, precisamente, a la demora en firmar el contrato.

Los diferencia entre los buses biarticulados y los que actualmente circulan en la ciudad es su capacidad de pasajeros. Los biarticulados tienen una capacidad de 220 pasajeros mientras que los buses articulados acogen entre 160 y 180 por unidad. Esto, se espera, alivie la saturación que tiene el sistema de transporte en este momento.