En NotiMundo a la Carta, el contralor general, Pablo Celi, comentó que el caso de Odebrecht demostró que el país no estaba listo para enfrentar redes de malversación simultánea de fondos públicos interinstitucionales.

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La Contraloría General del Estado se encuentra realizando auditorías y exámenes para entender cómo y cuánto dinero se malversó con los polémicos casos de corrupción de los últimos años, como el de Odebrecht; en el que están inmiscuidas varias instituciones y funcionarios públicos.

Según el contralor general, Pablo Celi, la Contraloría es una institución que se encarga de revisar cómo se utilizan los fondos públicos y en qué condiciones se consignan los contratos entre este tipo de instituciones y las contratistas privadas.

Por este motivo, Celi afirma que esta institución tiene ciertas limitaciones a la hora de analizar de qué forma se utilizó el dinero malversado de la contratación pública; es decir, la contraloría, a través de auditorías, puede concluir que existió desviación de fondos públicos, pero no puede determinar si ese dinero se utilizó para coimas o sobornos.

Por ejemplo, en las implicaciones del Metro de Quito y la Ruta Viva dentro del caso Odebrecht, el contralor explicó que se determinó que, con la suscripción de contratos complementarios, existieron millonarias glosas de afectación a los fondos públicos. Sin embargo, esta institución no puede “hacer la inferencia directa de que ese dinero se utilizó para coimas”, dijo Celi.

Para el Contralor General, el caso de Odebrecht marcó un hito en la historia del Ecuador, proque el país no se había enfrentado a una red de corrupción tan compleja y que este inmersa de manera simultánea en varias instituciones y de diferentes formas.

Es por esta razón que, según Celi, es necesaria la implementación de mecanismos legales que permitan la “acción combinada interinstitucional e integral, en la cual cada una de las instituciones del Estado puedan aportar con su ámbito de competencia“.

Incluso, la Contraloría General del Estado no tiene la competencia para examinar a profundidad otros grandes casos de corrupción, como INA Papers. Esto se debe a que esta institución “no es una estancia de fiscalización ni investigación de capitales. Podríamos inmiscuirnos ahí solo si hubiera habido manejo de recursos públicos“, explicó Celi.

Por otro lado, en los casos donde sí habría existido una malversación de los recursos públicos, como ‘Arroz Verde’, el Contralor afirmó que se encuentran realizando las auditorías pertinentes para saber de qué instituciones se obtuvo los recursos. “Estamos por concluir que, desde la Presidencia, se utilizaron recursos de la Secretaría Técnica del Comité de Reconstrucción y Reactivación Productiva para la campaña electoral de Alianza País“.

Además, otro caso donde sus competencias sí le permiten actuar es el de los pedidos de auditoría sobre el proceso de validación de las candidaturas de los consejeros electos al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).

Sobre este proceso, Celi afirmó que se realizará un examen de gestión documental para analizar las veracidad de la documentación presentada en la suscripción de las candidaturas y, también, se evaluará la normativa que el Consejo Nacional Electoral (CNE) utilizó para aprobar esta situación.

Celi anunció que, en las próximas semanas, se dará a conocer sobre el Plan Nacional de Integridad Pública, el cual pretende permitir la combinación de la acción interinstitucional para poder frenar estas redes masivas de corrupción.

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