El fiscal Galo Chiriboga señaló que la entidad que dirige se encuentra en camino de llegar a un acuerdo con la constructora brasileña Odebrecht para que esta coopere con el Estado ecuatoriano en la investigación sobre la red de pago de coimas que habría operado en el país.

Chiriboga, quien se reunió ayer con el procurador general del Estado, Diego García, explicó que la propuesta vino de los propios directivos de Odebrecht. “Ellos han pedido dialogar con las autoridades de Ecuador. Nosotros hemos dicho: sí, hay que hablar y nos encontramos en esas conversaciones”.

El funcionario explicó que han tenido dos reuniones hace unas semanas en Lima (Perú), tras su visita a Washington (EE.UU.).

“Con el procurador queremos tener una posición única como Estado, en donde resolvamos no solo la parte penal que le corresponde a la Fiscalía, sino también los temas indemnizatorios que le corresponden a Procuraduría”.

Chiriboga y Néstor Martínez, fiscal General de Colombia, acordaron el miércoles pasado, en Bogotá, la conformación de equipos de investigación conjunta para el intercambio de información.

El fiscal ecuatoriano indicó que la voluntad de cooperación entre los dos países es fundamental para lograr mejores resultados en este tipo de investigaciones. Asimismo, señaló que el reto para las fiscalías de Ecuador y de Colombia es que puedan operar con responsabilidad frente a los casos de corrupción.

Martínez resaltó la importancia de que se pueda continuar recabando evidencias con miras a establecer responsabilidades sobre el pago y recepción de sobornos a cambio de contratos públicos.

Puntualizó que las fiscalías de América Latina aún no han tenido acceso a pruebas recabadas por la Procuraduría General de Brasil ni por parte de los Estados Unidos en relación con el caso.

La semana pasada, Ecuador se adhirió al acuerdo de colaboración con 11 países, firmado en Brasilia, en donde participaron fiscales y procuradores de los países que han pedido asistencia penal a Brasil.

Sobre este encuentro en que participaron 11 fiscales, el fiscal Chiriboga señaló que el procurador de Brasil aclaró que “la información que se dice que tienen los fiscales no es cierta; no tenemos la información (…); no es oficial”.

Precisó que existen dos problemas jurídicos que impiden que esa información sea publicada. En primera instancia, todos los acuerdos a los que llegaron los señores de Odebrecht con Brasil, EE.UU. y Suiza establecieron unas cláusulas que impiden dar esa información.

Otro factor es que se han presentado también unas restricciones de tipo legal, que incluso se extienden al plano internacional. Insistió en que la Fiscalía y la Procuraduría están en la posición de avanzar lo más rápidamente posible para esclarecer esta situación.

La investigación en este caso concreto es sobre Odebrecht, pero esta empresa no trabajaba sola, sino que tenía relación con otras compañías. “En base a la información que vayamos teniendo saldrán a la luz otras empresas involucradas con Odebrecht; por ejemplo, en el caso colombiano es evidente que hay otras empresas y en el caso ecuatoriano también”, manifestó.

Al defender el trabajo del sistema judicial en esta materia, Chiriboga insistió en que “lo mejor que podemos hacer todos es dejar que la Fiscalía trabaje, que no impregnemos situaciones políticas”.

En referencia a los nombres que se han publicado en Colombia y en Perú, en este caso, precisó que “el trabajo obedece a una delación que han hecho en esos países para que las investigaciones avancen, pero en Ecuador el propio embajador de los EE.UU., Todd Chapman, ha dicho: ‘señores, los nombres de Odebrecht están bajo reserva’”.

En el encuentro convocado por la Procuraduría General de Brasil, los fiscales y procuradores de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Panamá, Perú, Portugal, República Dominicana y Venezuela se comprometieron a brindarse cooperación mutua.

El procurador de Brasil informó que la reserva sobre el tema concluirá el 1 de junio y que a partir de allí se contará con toda la información. La investigación fiscal ecuatoriana inició el 22 de diciembre pasado, un día después de que el Departamento de Justicia de EE.UU. revelara la red de corrupción.