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La Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih), de la OEA, expresó "su preocupación" por una iniciativa legislativa que pretende modificar el artículo 184 del Código Procesal Penal del país, lo cual, según el ente, debilitaría la respuesta penal.

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“La pretendida modificación tendría como consecuencia el debilitamiento de la respuesta penal a graves delitos cometidos, entre ellos los de homicidio, asesinato, femicidio, tráfico de drogas, secuestro, asociación ilícita, extorsión, robo de vehículos, violación y lavado de dinero, entre otros”, indicó hoy, 22 de agosto del 2018, la Maccih en un comunicado.

En caso de ser aprobada, la reforma legislativa “posibilitará que los acusados de tales delitos queden en libertad, lo que aumentaría las posibilidades de fuga de los imputados por dichos delitos”, añadió la Maccih, que depende de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Además, “incrementa la posibilidad de que puedan ejercer violencia contra los testigos de tales causas, realizar maniobras para hacer desaparecer los bienes producto de las actividades criminales por las cuales están siendo procesados, así como la práctica de nuevos delitos”.

El diputado hondureño Marco Velásquez, del oficialista Partido Nacional, presentó anoche un proyecto orientado a reformar el artículo 184 del Código Procesal Penal. Ante ello, la Maccih indicó que el texto actual del artículo 184 del Código Procesal Penal “tuvo originalmente como objetivo garantizar la vida, seguridad, integridad física, libertad personal y la propiedad de las personas, así como fortalecer la lucha contra la violencia, el tráfico de drogas, la corrupción y otros delitos graves”.

“Las circunstancias históricas que llevaron a la adopción de tal legislación no han sido superadas y siguen estando presentes en la sociedad hondureña”, añadió. La Maccih considera que para hacer frente a problemas graves y hechos extraordinarios de violencia, corrupción e impunidad “son justificadas la adopción de medidas extraordinarias”.

Recordó, además, que delitos como el de lavado de activos “están asociados a otros crímenes graves, como el tráfico de drogas, la actividad de organizaciones criminales y la corrupción institucionalizada”.

La Misión Anticorrupción exhortó a los hondureños a “reflexionar sobre las consecuencias de la pretendida reforma e insta a mantener las actuales medidas legislativas para garantizar la efectiva sanción de aquellos delitos asociados con graves hechos de violencia y corrupción”, señala el boletín de prensa.

Fuente: EFE