Durante la exposición de los dirigentes y representantes de organizaciones de la sociedad, se defendió la propuesta que busca prohibir que las dignidades públicas y funcionarios del Estado tengan negocios, recursos y dinero en Paraísos Fiscales, asi como su postulación a cargos de elección popular.
Uno de los participantes de la audiencia, el asambleísta Fausto Cayambe, destacó que el rubro de inversiones en estas sociedades también denominadas “off shore” asciende a 30.000 millones de dólares. Para el legislador, este monto podría haberse invertido en el desarrollo del país. “Con este monto podríamos haber construido 2.857 Escuelas del Milenio, 181 hospitales y 25 aeropuertos” detalló.
Para Cayambe son varios los mecanismos que se emplean para llevar capitales a Paraísos Fiscales: deudas fantasmas, fuga de capitales, la deuda externa del sector privado, el abuso de los dobles convenios tributación, las subcapitalizaciones, los fraudes financieros y los fideicomisos.
Por su parte, Oswaldo Chica, presidente de la Confederación Unitaria de Trabajadores (CUT) dijo que “este es el clamor de décadas de una nación. Tenemos que poder transparentar la ética y la política, aquí, en Ecuador nuestra Patria”.
Para Christian Palacios, presidente de la Red de Becarios Internacionales, es necesario realizar una pregunta en el seno de la sociedad, ¿Qué tipo de ciudadanía le estamos enseñando a los jóvenes por medio de la evasión de impuestos?”.
Las diferentes asociaciones y sus representantes que fueron inscritos en la audiencia pública coincidieron en que la propuesta presentada por el Ejecutivo es un “acto revolucionario, que fundará una nueva clase política en el país”. AD/El Ciudadano.
