Ramiro Aguilar, asambleísta independiente, aseguró que «no tiene ninguna explicación» que el caso de los papeles de Panamá se haya derivado a la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional, pues el órgano natural de investigación del Legislativo es la Comisión de Fiscalización. «Tengo la impresión de que para cumplir con el compromiso, por la presión de la opinión pública, terminaron enviando a la Comisión de Justicia, en un claro intento para que esto termine archivado y olvidado por la gente, para que no haya una investigación verdadera sobre el tema», refirió.
Asimismo, Aguilar manifestó que la investigación de la salida de divisas del país, a través de compañías fantasmas y abiertas en paraísos fiscales, no deja de tener relación con el problema de la contracción de circulante y de la crisis de la economía nacional. «Que no me vengan a decir, a estas alturas del partido, que la corrupción política, no solamente del Gobierno, sino del país, no ha tenido una importante incidencia en el hueco fiscal que tenemos», acotó.
Finalmente, el legislador opositor explicó que a la Asamblea le corresponde establecer dos cosas: en el caso de que hubieran funcionarios públicos o asambleístas involucrados en transferencias fuera del país que no estén declaradas, establecer la responsabilidad política correspondiente. «Pero también le corresponde a la Asamblea preguntarle a la Fiscalía y al SRI qué es lo que están haciendo una vez que se hizo pública la información.
Por otro lado, Mauro Andino, asambleísta por Alianza País y presidente de la Comisión de Justicia de la Asamblea, refirió que el Consejo de Administración Legislativa (CAL) tiene la facultad para designar a cualquiera de las Comisiones de la Asamblea que lleve a cabo una investigación sobre posibles actos ilícitos. «La Ley Orgánica de la Función Judicial determina que cualquiera de las Comisiones puede llevar a cabo este tipo de investigaciones», aclaró.
Andino dijo que la Comisión de Justicia se encargará de recabar la información de parte de las instituciones de control para conocer qué funcionarios públicos han cumplido o no con la Ley. Además, indicó que están «pidiendo, exhortando, porque no es obligatorio, que los periodistas que participaron en esta investigación (papeles de Panamá) puedan contribuir entregando la información que crean pertinente».
Por último, Andino señaló que «es complejo decir el tiempo que tomará la investigación, pero queremos culminar en el menor tiempo posible».
Finalmente, César Montaño, docente de la Universidad Andina Simón Bolívar, explicó que no todas las inversiones y aportes que una persona natural o jurídica hace a una sociedad internacional quiere decir que está haciendo movimientos de caracter frauduleno o ílicito. De igual forma, indicó que la legislación ecuatoriana dice que las personas naturales ecuatorianas, así como empresas nacionales, tienen la obligación de declarar los ingresos obtenidos en el país y en el extranjero.
Montaño aclaró que si alguien declara ingresos, y los mismos ya fueron sometidos a tributación, es decir que ya pagaron impuestos en el exterior, ya no es necesario que se sumen a los ingresos obtenidos en el país. Pero, en cambio, si los ingresos del exterior aun no han sido sometidos a imposición a la renta hay que sumar a los obtenidos para que se graben en Ecuador. Montaño recordó que Ecuador y Panamá no tienen convenio contra doble tributación, por lo que considera importante que se apliquen convenios internacionales para intercambiar información entre administraciones tributarias.
El docente criticó que en los años que tiene la Asamblea Nacional «no ha actuado como ente fiscalizador», por lo que le sorprende que ahora la Comisión de Justicia empiece a investigar y llamar a personas que tendrían información. «Las autoridades están obligadas a investigar cuando se presuma de cometimientos ilícitos; hay que esperar una actuación urgente, empezando por el Fiscal General del Estado», apuntó.
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