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En Notimundo a la Carta con Hernán Higuera y Verónica Jarrín, Fabricio Villamar, asambleísta por la Alianza CREO-Suma, explicó cuál sería el proceso para efectivizar el llamado a juicio político de Jorge Glas organizado por la oposición. Se refirió, además, a la comparecencia del fiscal Carlos Baca ante la Comisión de Fiscalización por el caso de Odebrecht.

Fabricio Villamar, asambleísta por la Alianza CREO-Suma, informó que para llamar a juicio político al vicepresidente Jorge Glas se necesita el respaldo de la tercera parte de la Asamblea Nacional, es decir, 46 firmas. El legislador indicó que su bloque cuenta con 32 legisladores y que confía en que el resto de bancadas apoye esta iniciativa.

Pese a esto, Villamar reconoció que “en este país es imposible la fiscalización cuando la mayoría la tiene Alianza País”, en referencia a las dificultades que tendría el proceso si se consiguen todas las firmas. Esto porque la solicitud debe ir, primero, al Consejo de Administración Legislativa (CAL) para que definan si el pedido es procedente; aquí cinco de los siete miembros pertenecen al oficialismo.

El CAL debe enviar el pedido a la Corte Constitucional, cuyos nueve miembros son elegidos por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), para que analice si cumple con todos los requisitos constitucionales. Finalmente, si es que el CPCCS aprueba el juicio político, este debe ser enviado a la Comisión de Fiscalización para que se llame a Glas a que comparezca. Esta Comisión tiene una mayoría oficialista, ocho de sus 12 miembros pertenecen a Alianza País.

Aún con las posibles dificultades para enjuiciar a Glas, Villamar considera que vale la pena el intento porque es necesario que exista mayor transparencia. Además, resaltó que el Vicepresidente tiene que responder políticamente por sus acciones u omisiones.

“La responsabilidad política implica la conveniencia o no de un acto para el bien público. Uno puede tener este tipo de responsabilidad aunque no tenga civiles, penales o administrativas”, explicó el Asambleísta. En ese sentido sostuvo que Glas es responsable respecto de sus subalternos.

Desde el anterior régimen, “Glas estuvo encargado de los sectores estratégicos: el Ministerio de Energía donde existe un escándalo de corrupción, el Ministerio de Energía no Renovable, que es prácticamente Petroecuador, en donde existe corrupción, los Ministerios de Telecomunicaciones donde pasó lo mismo. Por cualquier parte en donde estuvo Jorge Glas coordinando, dirigiendo o liderando hubo corrupción”, argumentó Villamar.

El legislador señaló también que el Vicepresidente debe responder por qué no informó con antelación sobre la reunión que habría mantenido con Marcelo Odebrecht. “Los ecuatorianos tenemos derecho a saber qué le ofreció el empresario”.

Además, el Asambleísta puntualizó que urge transparencia porque el Ecuador ha contratado con cientos de empresas y no únicamente con Odebrecht. “Recién hablamos de Odebrecht y no por la acción de la Fiscalía o la Contraloría ecautoriana sino porque esto se descubre en las fiscalías de Estados Unidos, Brasil y España”, destacó.

Sobre la comparecencia del Fiscal Carlos Baca ante la Comisión de Fiscalización, Villamar dijo que “los ecuatorianos no van a conocer las verdaderas tramas de corrupción” porque el Fiscal comunicó que existen acuerdos de confidencialidad que le impiden hacer público el nombre de los presuntos culpables. El verdadero problema del Ecuador no es “solo la corrupción sino la cobertura de la corrupción que genera un sistema de impunidad”, expresó.

Finalmente, el legislador instó a que el Presidente Moreno asuma la responsabilidad de transparentar los procesos y facilitar la fiscalización. El nuevo Gobierno no tendrá posibilidades de éxito -según Villamar- si continúan dos factores. El primero, es que esté la “misma gente que estuvo en el frente económico de Correa porque fue él quien nos dejó en esta crisis económica”. La segundo aspecto es “si continúa con un Vicepresidente que es acusado por los ecuatorianos de conocer y cubrir a gente que cometió actos de corrupción”.