Mauro Andino, asambleísta por AP y presidente de la Comisión, señaló que esta entidad no encubrirá a nadie, sea quien sea el investigado por ello se invitará a los periodistas que investigaron el caso. «Los periodistas no tienen obligación legal, sino ética de comparecer», dijo el legislador.
Asimismo, confirmó que este miércoles pedirán información a varias instituciones, para luego llamar a comparecer a funcionarios públicos implicados, y anunció que los requerimientos de información podrían extenderse unos 6 o 7 años atrás. Por ello, se pedirá al Servicio de Rentas Internas (SRI) documentos sobre las declaraciones de Impuesto a la Renta de funcionarios públicos; a la Superintendencia de Bancos las actividades financieras y movimientos de cuentas bancarias; a la Superintendencia de Compañías, la conformación y creación de compañías; y, a la Contraloría General del Estado, las declaraciones juramentadas de inicio y fin de gestión.
De su lado, Gina Godoy, también de AP, señaló que en la investigación planteará cuatro interrogantes entre ellas; cómo fue la investigación, entretelones, y cómo llegan a conclusiones, y con la información que disponga, la mesa parlamentaria llamará a comparecer a los funcionarios públicos presuntamente implicados.
Asimismo, Luis Fernando Torres, asambleísta de la alianza Cambio-Partido Social Cristiano, afirmó que las Asamblea Nacional debe determinar si empresas ecuatorianas son legales o no, y debe analizar si inversiones ecuatorianas evadieron impuestos o fueron lavado.
Por su parte, César Moreta pidió que se respete el debido proceso para luego establecer responsabilidades y dijo que Ecuador espera que hagamos efectiva la Convención de las NN.UU. contra la corrupción y Magali Orellana llamó a no caer en claras violaciones a los derechos humanos. Es importante que esta Comisión trate este tema, acotó.
