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El artículo 131 de la Constitución faculta a la Asamblea hacer control político de autoridades hasta un año después de haber dejado sus cargos. Y este 24 de mayo se cumple ese plazo para funcionarios del régimen del expresidente Rafael Correa, cuestionados por supuestos actos de corrupción e incumplimiento de funciones.

Asamblea Nacional

El analista político Vladimiro Álvarez señala que la Asamblea ha perdido tiempo en discusiones por la interferencia de asambleístas allegados a Correa, “que tienen la tarea de seguir encubriendo los ilícitos, o hechos dolosos, o las faltas al cumplimiento de sus responsabilidades de funcionarios del gobierno de Rafael Correa…”.

Hoy el Legislativo cumple un año en funciones y en este tiempo se solicitaron diez juicios políticos, seis contra exfuncionarios del régimen pasado: el exvicepresidente Jorge Glas (dos veces), el exministro de Educación y actual asambleísta Augusto Espinosa; el exsuperintendente de Comunicación Carlos Ochoa; el superintendente de Bancos, Christian Cruz; y el exministro de Finanzas Carlos de la Torre.

Los otros pedidos de juicios fueron contra el excontralor Carlos Pólit, el ex fiscal general Carlos Baca y el presidente del Consejo de la Judicatura, Gustavo Jalkh (dos veces). Los dos primeros fueron censurados y destituidos, aunque a Pólit a destiempo porque para entonces estaba prófugo.

De los juicios contra los exfuncionarios de Correa, solo prosperó el proceso contra Ochoa; también a destiempo. Cuando la Asamblea lo censuró, el Consejo de Participación transitorio ya lo había cesado.