La Asamblea Nacional aprobó el proyecto de reformas a la Ley del Servicio Público y al Código del Trabajo. Con esta norma el próximo 25 de diciembre y 1 de enero, que caen domingo, se trasladarán a lunes. Según el proyecto, las fiestas nacionales y locales que en el calendario coincidan con los días no laborales o entre semana, se trasladan a lunes o viernes. Aplica para el sector público y privado.

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Como consecuencia de esta reforma, nace otro elemento: cada año, los ecuatorianos tendrán siempre la misma cantidad de días de feriados nacionales, que serán 11. Con la ley actual son nueve: 1 de enero, viernes santo, 1 de mayo, 24 de mayo, 10 de agosto, 9 de octubre, 2 y 3 de noviembre y 25 de diciembre, a estos se suman los dos días de carvanaval, que ya no serán recuperados, y los locales.

Cuando los feriados nacionales coincidan con sábados se los trasladará a viernes y cuando sean domingos a lunes. Los feriados que coincidan con martes se correrán a lunes anterior y los que sean miércoles o jueves se los desplaza al viernes inmediato.

Mediante una disposición se aclara lo que sucede con los días de feriado que son continuos. Por ejemplo, si cae en viernes y sábado, este último día se cambia a jueves, cuando sea con el domingo pasa a martes. Si el feriados es martes y miércoles, este último día se mueve a lunes. Si es miércoles y jueves, el primero se lo recorre a viernes.

La norma obliga al Presidente de la República que, mediante Decreto Ejecutivo, publique, una vez al año, un cronograma en el que consten los días de descanso o puentes vacacionales. Esta disposición permitirá que los ciudadanos y el sector turístico conozcan de antemano la agenda de feriados para que puedan planificar y prepararse. Exige, además, que en estos días se garantice la prestación de los servicios básicos y luego se compense a los empleados que deben laborar. Los mismo se debe hacer con los empleados privados que deban trabajar en feriados.

En el texto se argumenta que estos cambios permitirán planificar y potenciar el turismo en el país, sobre todo en Esmeraldas y Manabí, afectadas por el terremoto del 16 de abril. Se considera que la Constitución garantiza el derecho a una vida digna que asegure el descanso y el tiempo libre, así como la ampliación de las condiciones físicas, sociales y ambientales para su disfrute.

Durante el debate, la asambleísta Irma Gómez aseguró que la Organización Internacional del Trabajo determinó que trabajar demasiadas horas era un riesgo para la salud del empleado. Dijo que los cambios en la sociedad, como el tecnológico, imponen retos más exigentes y que el resultado de esto es el estrés, que afecta a la salud y desemboca en una disminución en la productividad, gastos por la atención en salud, afectación en la familia, entre otras consecuencias. Además, señaló que el ocio está asociado al turismo y este se encadena con diferentes áreas productivas, antes, durante y después de los feriados.

Otro cambio que plantea este proyecto es el reemplazo del artículo 110 de la Ley de Servicio Público. Establece que los empleados que terminen su relación laboral en el sector público recibirán el valor según el tiempo que han trabajado en ese último mes.