La Fiscalía del Guayas procesó a siete personas, que fueron detenidas en un allanamiento ejecutado el 31 de marzo en el cantón Balao, provincia del Guayas: se les encontraron armas de fuego (en su mayoría reportadas como robadas), chalecos antibalas y municiones de diferentes calibres, entre otros elementos.

Imagen referencial. Foto: Fiscalía

En la audiencia de flagrancia, desarrollada la madrugada del viernes 1 de abril en la Unidad Judicial Multicompetente del cantón Naranjal (por ser su jurisdicción), la fiscal Blanca Noblecilla presentó como elementos de convicción: el parte de aprehensión elaborado por los agentes que intervinieron en los allanamientos, el parte de las armas, municiones y otros elementos que fueron incautados e ingresados en cadena de custodia de la Policía Nacional.

El juez de Garantías Penales, Wilmer Tapia, acogió el pedido de la Fiscalía y dictó prisión preventiva para Walter Fernando R. P., Álvaro Omar C. B., Daniel Franklin B. G., Geovanny Bolívar A. B., Darwin Efraín D. V., Tomás Narciso V. N. y Carlos René V. A.

La instrucción fiscal durará treinta días.

Contexto

La Fiscalía del cantón Naranjal y agentes de la Policía Judicial ejecutaron un allanamiento a una camaronera ubicada a varios kilómetros de la ciudad de Balao, donde –según las investigaciones– un grupo de personas que se encontraban a el interior manejaba armamento.

La acción policial dejó siete detenidos y la incautación de siete armas de fuego (entre pistolas, revólveres, cartucheras), además de seis chalecos antibalas y sesenta y seis municiones de diferentes calibres. El armamento, en su mayoría, estaba denunciado como robadas y reportado a la Policía Judicial.

Fiscalía remitirá al Laboratorio de Criminalística las armas incautadas para que se practiquen las pruebas de aptitud de disparo e ingresos de los testigos balísticos al sistema IBIS, poder o desvirtuar si estas armas fueron utilizadas en otros actos delictivos y criminales.

Información jurídica

Fiscalía procesó este caso con base en el artículo 362, inciso primero, del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que sanciona el delito de tráfico ilícito de armas de fuego y municiones con pena privativa de libertad de cinco a siete años.