El procurador judicial del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), Byron Pacheco Torres, solicitó a la Fiscalía General del Estado desempolvar la investigación previa por peculado en la importación de fertilizantes y harina, compras de arroz y maíz, que involucrarían al actual alcalde de El Carmen, Rodrigo Mena y al ex ministro de Agricultura, Walter Poveda, entre otros.

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Fachada de la Fiscalía General del Estado -Créditos: Twitter Fiscalía

El consejero del Cpccs, Francisco Bravo Macías, reveló que el impulso fiscal que presentó Pacheco responde a una serie de denuncias que le hicieron agricultores de algunas provincias como Manabí, que pidieron que se reactive la investigación.

La Fiscalía abrió una indagación previa por peculado en contra el exministro de Agricultura y ex vocal del ex Banco Nacional de Fomento (BNF), Walter Poveda, el ex vocal y actual alcalde de El Carmen, provincia de Manabí, Rodrigo Mena Ramos; y otros.

El procurador judicial del Cpccs, pidió este 13 de julio de 2020 a la Fiscalía que se lo integre como parte procesal y que en vista de que han transcurrido 8 años sin que se pronuncie, se dé el impulso pertinente a esta investigación previa, con el propósito de que este delito no quede en la impunidad.

Las investigaciones en torno al presunto caso de peculado registrado hace casi una década, según explicó el consejero Bravo Macías, iniciaron con base en el Informe de Contraloría No. DA1-0065-2009, relacionado con el examen especial practicado a las importaciones de fertilizantes y harina, así como de las compras y comercialización de arroz y maíz, en el ex BNF, por el período comprendido entre el 1 de marzo de 2007 y el 31 de julio de 2008.

En la acción del control se analizó el proceso de adjudicación del contrato para la adquisición de 39.000 toneladas métricas de harina de trigo a $528 cada tonelada, por lo que la compra total significó la suma de $20’600.588.

La adquisición se la realizó a la empresa “Cargill Sociedad Anónima Comercial e Industrial” de Argentina, cuyo contrato fue suscrito el 1 de abril de 2008.

El examen especial de la Contraloría determinó dos irregularidades: Que el proceso precontractual para la adquisición de harina se realizó sin sujetarse al artículo 6 de la Ley de Contratación Pública y artículos 1, 4 y 5 de su reglamento; y segundo, que el contrato debidamente legalizado fue suscrito con posterioridad a la ejecución del mismo, ya que el producto contratado llegó al país el 28 de febrero de 2008, o sea, con 33 días de anticipación a su firma.

En el escrito, el procurador del Cpccs, describe que pese a existe un informe de responsabilidades penales efectuado por la Contraloría del Estado, el ex fiscal General, Galo Chiriboga, el 15 de noviembre de 2011, comunica a la Corte Nacional de Justicia que no existe la información necesaria y los fundamentos suficientes para deducir, por el momento, una imputación; por esa razón, el juez de la sala especializada de lo penal, Vicente Robalino, el 3 de octubre de 2012, ordena devolver el expediente a la Fiscalía para que continúen las investigaciones.

Pacheco en el escrito recuerda que el delito que se persigue como es el peculado no prescribe, han transcurrido ocho años, sin que la Fiscalía se haya pronunciado; por lo que pidió que al reactivarse el proceso se lo considere como parte procesal.

 

Nota Original: El Universo – LINK