La acusación se hizo en contra de Fernando Alvarado Espinel, exsecretario Nacional de Comunicación; Pablo Yánez Saltos, exsubsecretario Nacional de Comunicación, Juan Chiriboga Arteta, excoordinador Administrativo Financiero; Marco Antonio Bravo, exsubsecretario de Innovación y Nuevos Medios; Galo Pacheco Vásquez, exsubsecretario de Medios Institucionales; Javier Lemos Cordero, excoordinador Administrativo Financiero y Vanessa Salgado Chiliquinga, exdirectora Administrativa del Talento Humano.
Por el mismo delito, la Procuraduría acusó a los ciudadanos Carlos Bravo Segovia, representante de una compañía productora, y a Elsa Vivanco Hidalgo, gerente general de una empresa de comunicación.
Esta acusación, presentada a la jueza Silvia Sánchez Insuasti, se realizó luego de analizar un informe de la Contraloría en el que se determinan indicios de responsabilidad penal, luego de analizar los gastos generados y los procesos de contratación efectuados por la Secretaría Nacional de Comunicación en la ejecución, producción y montaje de los enlaces ciudadanos realizados en diferentes lugares del país, entre el 1 de junio del 2013 y el 24 de mayo del 2017.
El informe de Contraloría fue remitido a la Fiscalía General del Estado el 6 de febrero de 2018 y puesto en conocimiento de la Procuraduría tres días después. Luego de un análisis del informe de la Contraloría y la investigación de la Fiscalía, la Procuraduría General del Estado determinó que existen contratos que “han perjudicado al Estado ecuatoriano por un monto total USD 283 360”, detalla el comunicado.
Con base en las diligencias realizadas dentro de la investigación previa y la instrucción fiscal, la Procuraduría, en representación de la Secom, por no poseer personería jurídica, acusó a las personas mencionadas por el delito de peculado, tipificado en el artículo 278 del Código Orgánico Integral Penal y en concordancia con el artículo 257 del Código Penal.
Procuraduría informó que, al momento, se espera que la Jueza Silvia Sánchez, de la Corte Nacional de Justicia, determine fecha y hora para el reconocimiento de firma del Procurador General del Estado, quien suscribió la acusación.
Fuente: El Comercio – nota original: LINK
