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A más tardar en 45 días los profesores, autoridades y personal administrativo del sistema educativo del país que aún no han sido sometidos a las pruebas psicométricas (personalidad), deberán hacerlo, con lo que el Ministerio de Educación, en base a los resultados, podrá establecer cuántos servidores tienen problemas o antecedentes de comportamiento e inmediatamente serán separados del magisterio o cargo.

@Educacion_Ec

Esta es una de las acciones adoptadas por las funciones Ejecutiva, Legislativa y Judicial que el pasado 13 de octubre suscribieron un acuerdo para emprender la cruzada nacional ‘Cero Tolerancia’ contra el abuso sexual estudiantil.

Los ministros de Educación, Fander Falconí; de Justicia, Rossana Alvarado; la delegada de la Secretaría de Gestión de la Política, Susana Cajas, en representación del Ejecutivo; la legisladora Silvia Salgado, presidenta de la Comisión Aampetra, por la Asamblea Nacional; y, Francisco Bonilla, director de Acceso a la Justicia del Consejo de la Judicatura (CJ), por la Función Judicial, se reunieron ayer, en Quito, para anunciar las acciones.

El ministro Falconí precisó que los docentes que ingresaron al magisterio desde 2004 bajo el programa ‘Ser Maestro’, así como un grupo de profesores, autoridades y personal docente que se sometió a dicha prueba por disposición ministerial, ya cuentan con el documento y sus resultados, pero un gran número de personal aún no ha rendido la prueba y deberá hacerlo.

“Tenemos que limpiar la basura dentro del sistema educativo”, enfatizó, al expresar su preocupación e indignación por la serie de denuncias aparecidas en los últimos días sobre abuso sexual de profesores a estudiantes menores de edad, a lo que determinó “una alarma social”.

Tras subrayar que estas pruebas serán periódicas, precisó que entre los ejes que se han delineado dentro de esta cruzada nacional se encuentran: combatir la impunidad, dar seguimiento a las denuncias, reducir los índices de deserción escolar por esta causa y contar con los protocolos claros sobre la información y cruce de datos.

32 condenados en un año

La ministra de Justicia, Rossana Alvarado, calificó como un caso estremecedor lo que se evidencia, ante lo cual es necesario romper el silencio, en nombre de los niños que no dijeron nada y de las víctimas que no reportaron, por lo que invitó a todos a no quedarse callados ante un delito de este tipo.

Admitió que aún no se cuenta con datos definitivos porque se están levantando las estadísticas y reveló que el Ministerio tiene 246 casos de abuso sexual registrados, aunque “el problema es más grande de lo que uno se imagina”.

En tanto, Salgado ratificó que la comisión que preside ha detectado 882 casos y reconoció que hay una “falta de articulación” para enfrentar estas denuncias, cuyo resultado es una alta impunidad.

“No todos los casos están registrados y ese es nuestro compromiso, identificar los casos, las causas del problema, las soluciones y las acciones”, agregó. A su vez, el delegado del CJ, Francisco Bonilla, indicó que entre octubre de 2015 y junio de 2016, el sistema de justicia registró 52 sentencias a nivel nacional por violencia sexual educativa, de las cuales 20 fueron declaradas inocentes y las otras 32 terminaron en condenas.

Luego de aclarar que los datos no responden a la realidad ya que hay temor y resistencia a presentar las denuncias, pidió que toda denuncia de este tipo sea presentada directamente en el sistema judicial, antes de que se agoten primero los trámites administrativos, como sucedía, ya que muchas veces ahí se queda el caso.

El ministro Falconí admitió este problema, por lo que reveló que el miércoles remitió a la Asamblea un proyecto de Ley Orgánica para la no caducidad de la acción sancionatoria administrativa respecto a delitos sexuales contra estudiantes.

Fuente: El Telégrafo