El Consejo de la Judicatura evalúa medidas de protección para fiscales y jueces, en su accionar dentro de casos de crimen organizado. En NotiMundo al Día, Ramiro García, abogado penalista, explicó que la normativa para establecer jueces, fiscales y defensores públicos 'sin rostro', o con identidad protegida, daría pie a distintas irregularidades, pues los operadores de justicia que emiten polémicas resoluciones no lo hacen por amenazas de grupos delincuenciales, sino porque "son pillos".

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En NotiMundo al Día, Ramiro García, abogado penalista, señaló que la propuesta de ‘jueces sin rostro’ que lleva adelante el Consejo de la Judicatura (CJ) debería pasar mediante una reforma constitucional, pues no puede ser ejecutada a través de un reglamento, como se lo plantea al momento.

García recordó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) ha establecido en varios casos que el sistema de jueces sin rostro no es compatible con la Convención Americana de Derechos Humanos, por lo que no podría implementarse en el Ecuador.

Asimismo, explicó que aún no se conoce si lo que se busca establecer con la medida es que únicamente las partes procesales no puedan conocer la identidad de los operadores de justicia, o si la ciudadanía podrá saber de quiénes se trata. «En ese caso, no se estaría protegiendo en lo absoluto a los jueces, sino se estaría tratando de evitar la mala prensa que tienen por las decisiones que emiten», agregó.

García precisó que, sin la publicidad de los procesos, no se daría acceso a un control democrático sobre las decisiones jurisdiccionales. Esta normativa que impulsa el CJ se buscaría implementar en materia penal, constitucional y de garantías penitenciarias, es decir, «justo (en las áreas) donde los jueces están haciendo barbaridades». Para el penalista, no se busca precautelar la seguridad de los jueces, «sino la imagen de la función judicial».

Parte de los derechos a un juicio imparcial y a la defensa, comprende justamente que se conozca la identidad del juzgador, enfatizó García. «El problema que tenemos no es de amenazas contra jueces, sino de corrupción. Los jueces aceptan sobornos a cambio de emitir decisiones totalmente locas», enfatizó.

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