Cynthia Viteri, alcaldesa de Guayaquil, afirmó, en NotiMundo a la Carta, que los USD 104 millones que el Estado debe devolver al Cabildo guayaquileño, ya están presupuestados para la continuación de sus proyectos sociales. 

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El viernes 24 de enero, la Justicia concedió una acción de protección al Municipio de Guayaquil. Crédito: Redes Sociales

El pasado viernes 24 de enero, un juez aceptó la acción de protección que el Municipio de Guayaquil había presentado en contra del Estado, para exigir la devolución de USD 104 millones, por concepto del Impuesto al Valor Agregado (IVA). Por lo tanto, se resolvió que el Ministerio de Finanzas tendría 72 horas para cancelar los valores adeudados.

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Cynthia Viteri, alcaldesa de Guayaquil, aseguró que este monto no se puede considerar una deuda; pues, realmente, responde «a una ley perversa que obliga a los municipios a depositar su dinero en las cuentas del Estado«. Por ese motivo, «esta es una devolución de nuestro dinero«.

Sobre la sentencia de la Justicia, Viteri explicó que las 72 horas empiezan a correr una vez que ambas partes, el Cabildo y el Estado, sean notificados; lo que se espera que pase este martes 28 de enero. «Vamos a ponernos de acuerdo con Finanzas, según lo que convenga a los intereses de los guayaquileños«.

La Alcaldesa aseguró que la cancelación de estos montos, que se adeudan desde el 2017, se ha vuelto una necesidad para le Municipios; ya que «este dinero ya está comprometido en los proyectos sociales«. Por ejemplo, enfatizó, se han desarrollado proyectos de educación, salud y tratamiento de adicciones que dependen de este presupuesto.

Por otro lado, sobre el proyecto de Ley Orgánica para Prevenir y Erradicar el Microtráfico de Drogas, Viteri subrayó que atender la Salud Pública es una obligación constitucional del Estado; sin embargo, el Cabildo guayaquileño ya se encuentra ejecutando políticas y acciones para la desintoxicación de personas con adicciones

«No le veo un problema a que los municipios hagan lo que nosotros hacemos, a través de una Ley; pero al mismo tiempo que se otorga una competencia, el Estado también debe entregar los recursos para atenderla».

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