La versión es proporcionada por el exmandatario a través de videoconferencia, desde el Consulado General de Ecuador en Bruselas, ciudad europea en la que reside. En la Fiscalía, en Quito, están presentes Fernando Balda, denunciante, junto a sus abogados Felipe Rodríguez, Jairo Lalaleo y Eduardo León.

El abogado Rodríguez adelantó que el interrogatorio se realiza con base a la cooperación eficaz de los agentes de la Secretaría Nacional de Inteligencia.

Añadió que Correa negará que conocía sobre este procedimiento. Similar estimación realizó Diego Chimbo, abogado de Raúl Ch. y Diana F., agentes de la Senain señalados en el proceso.

El jurista también acudió a esta diligencia. Antes de su ingreso estimó que el expresidente negará lo actuado. "Va a decir que desconocía absolutamente de todo, pues el respaldo procesal también consta en el Quipux de la Presidencia de la República, evidentemente tenía que conocer", explicó.

El abogado dijo que se investiga un presunto delito por plagio (secuestro); pero, por tratarse de personal público, se trata de un delito contra derechos humanos. También llegó Alexis Mera, en representación de Correa. Antes del ingreso, Mera indicó que el exmandatario "está dispuesto a colaborar con el sistema".

Paúl Pérez Reina, fiscal general, también dispuso la ejecución de un análisis de estándares internacionales de responsabilidad del mando superior jerárquico en el secuestro de Balda.

Este documento deberá establecer "las estructuras policiales, estatales y civiles que participaron en el hecho y las responsabilidades bajo las teorías del derecho". También se ordena un análisis jerárquico funcional de la Senain entre 2011 y 2014. Igual procedimiento se tendrá que cumplir con la Dirección Nacional de Inteligencia de la Policía Nacional, también entre 2011 y 2014.

Entre otras diligencias, para el 28 de mayo fue citado Rommy Vallejo, extitular de Senain. Según la convocatoria tendrá que acudir a las 08:30 a la Unidad de Indagaciones Previas e Instrucciones Fiscales de la Fiscalía General.

Fuente: El Telégrafo

El Telégrafo

La versión es proporcionada por el exmandatario a través de videoconferencia, desde el Consulado General de Ecuador en Bruselas, ciudad europea en la que reside. En la Fiscalía, en Quito, están presentes Fernando Balda, denunciante, junto a sus abogados Felipe Rodríguez, Jairo Lalaleo y Eduardo León.

El abogado Rodríguez adelantó que el interrogatorio se realiza con base a la cooperación eficaz de los agentes de la Secretaría Nacional de Inteligencia.

Añadió que Correa negará que conocía sobre este procedimiento. Similar estimación realizó Diego Chimbo, abogado de Raúl Ch. y Diana F., agentes de la Senain señalados en el proceso.

El jurista también acudió a esta diligencia. Antes de su ingreso estimó que el expresidente negará lo actuado. «Va a decir que desconocía absolutamente de todo, pues el respaldo procesal también consta en el Quipux de la Presidencia de la República, evidentemente tenía que conocer», explicó.

El abogado dijo que se investiga un presunto delito por plagio (secuestro); pero, por tratarse de personal público, se trata de un delito contra derechos humanos. También llegó Alexis Mera, en representación de Correa. Antes del ingreso, Mera indicó que el exmandatario «está dispuesto a colaborar con el sistema».

Paúl Pérez Reina, fiscal general, también dispuso la ejecución de un análisis de estándares internacionales de responsabilidad del mando superior jerárquico en el secuestro de Balda.

Este documento deberá establecer «las estructuras policiales, estatales y civiles que participaron en el hecho y las responsabilidades bajo las teorías del derecho». También se ordena un análisis jerárquico funcional de la Senain entre 2011 y 2014. Igual procedimiento se tendrá que cumplir con la Dirección Nacional de Inteligencia de la Policía Nacional, también entre 2011 y 2014.

Entre otras diligencias, para el 28 de mayo fue citado Rommy Vallejo, extitular de Senain. Según la convocatoria tendrá que acudir a las 08:30 a la Unidad de Indagaciones Previas e Instrucciones Fiscales de la Fiscalía General.

Fuente: El Telégrafo