El asambleísta por PK, Rafael Lucero, argumentó que la votación de algunos legisladores del bloque se debe a que este proceso no se haya realizado contra los cuatro vocales del CJ. “No estamos de acuerdo en que se pretenda seguir engañando al pueblo ecuatoriano que, a pretexto de la fiscalización, se haga solo a una parte de esta institución”, recalcó.
.#RafaelLucero: «Pachakutik no recibe órdenes ni de Bélgica, ni de Guayaquil, ni de Cotopaxi; nosotros tomamos decisiones conjuntas con los asambleístas».
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— NotiMundo (@notimundoec) September 2, 2022
Lucero insistió en que cuando hay un incumplimiento de funciones, que es la causal del juicio político, debe ser para todos. Por este motivo, recalcó que su posición, desde el inicio, siempre fue abstenerse.
De esta manera, Lucero justificó que, tras su decisión, no están “diciendo que los del CJ son unos angelitos”, sino que, aunque hay problemas serios en la justicia, no se deben tomar decisiones como las que pretendieron la noche del 1 de septiembre.
“Los vocales tuvieron un remesón, un jalón de orejas, y es un llamado a que ellos cambien todo lo que tienen que hacer al interno de la justicia; que hagan las cosas sin ninguna presión de nadie sino como dice la ley y el marco constitucional”, precisó Lucero y aclaró que PK “no recibe ordenes ni de Bélgica, ni de Guayaquil; nosotros tomamos decisiones conjuntas con asambleístas”.
Agregó que previo a la sesión, ha recibido llamadas de personas que, supuestamente, estaban vinculadas a la Presidencia de la Asamblea, para pedirle que vote por la destitución. “Yo he manifestado que mi decisión por la abstención estaba tomada porque este caso lo resolvimos de manera colectiva”, aclaró
Finalmente, cuestionó que el Primer Mandatario haya enviado la terna para escoger al titular del Consejo de la Judicatura justo cuando la Asamblea está tramitando este proceso y dijo “¿por qué no esperó a que este procedimiento se acabe?”. Además, señaló que el Primer Mandatario solicitó el archivo de la investigación que se sigue contra cinco asambleístas de PK por, aparentemente haber solicitado dinero y cargos a cambio de su voto para la Ley de Inversiones, pues “no existen pruebas reales y contundentes que digan que eso es verdad”.
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