En NotiMundo a la Carta, Ramiro García, presidente del Colegio de Abogados de Pichincha, afirmó que "el CPCCS tenía la intención de destituir a las autoridades de control para ocultar los actos de corrupción del correísmo".

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Este martes 30 de julio, la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional recibió a juristas especializados para argumentar la petición de juicio político contra la mayoría del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), por haber intentado revisar la designación de la Corte Constitucional por parte del Transitorio.

Para Ramiro García, presidente del Colegio de Abogados de Pinchincha, más allá de que el Consejo desacató una sentencia constitucional que prohibía realizar esta acción, el problema, en realidad, es que el CPCCS «se fue contra el Estado de Derecho«.

Desde un inicio, comentó García, el Consejo tenía la clara intención de desinstitucionalizar al Estado y aprovechó que la Corte Constitucional había dado una sentencia polémica sobre el matrimonio igualitario para iniciar con la destitución de las autoridades de control.

«Los Consejeros creyeron que el país se iba a levantar para destituir a la Corte, pero no fue así. Además, ese era solo el inicio porque parte de su agenda era cesar al Contralor, al Procurador, a la Fiscal, para continuar con los actos de corrupción del correísmo», enfatizó García.

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