El Tribunal Superior Electoral (TSE) de Brasil solicitó al vicepresidente de Telegram, Ilya Perekopsky, su ayuda para combatir a las ‘fake news’ durante la campaña de las próximas presidenciales de octubre, durante un encuentro en el que la plataforma ha afirmado que algunas de las demandas no podrán ser atendidas.
Perekopsky y el representante de Telegram en Brasil, Alan Campos, se han reunido con el presidente del TSE, el juez Edson Fachin, así como con el secretario de Tecnología de la Información del tribunal Julio Valente, antes de verse con el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro.
«Nos estamos enfrentando a circunstancias que pueden poner en riesgo a nuestra democracia. Estamos buscando un equilibrio entre la arena pública, a la que pertenece a la política, y el campo de actuación de la ley electoral. Tratamos de mantener separados estos dos campos porque no nos importan los temas políticos, sino la aplicación y el respeto de las leyes electorales», dijo Fachin.
El encuentro entre los representantes de la plataforma con las autoridades judiciales y electorales de Brasil se produce después de que el Tribunal Supremo bloqueara durante un tiempo dicha aplicación en suelo brasileño debido a que supuestamente se negaba a colaborar en la lucha contra la desinformación.
Perekopsky aseguró que Telegram está adoptando en Brasil por primera vez algunos mecanismos para combatir las noticias falsas, como el seguimiento del contenido que publican algunos grupos, la señalización de información e imágenes descontextualizadas, así como la posibilidad a los usuarios de denunciar el contenido que consideren para ser posteriormente analizado.
En la actualidad existe en la Justicia de ese país procesos por difusión de falsas noticias que tienen entre los investigados al presidente, Jair Bolsonaro. El líder de ultraderecha ha reiterado en diferentes declaraciones, sin ninguna prueba, que el sistema electoral electrónico de votación en Brasil es susceptible a fraudes.
Fachin manifestó que el Código Electoral tipifica la difusión de noticias falsas como delito que puede tener una sanción como la pérdida del mandato para el candidato que haya vencido en las elecciones. La campaña para combatir la desinformación incluye alianzas estratégicas con partidos, medios digitales, redes sociales y hasta líderes religiosos.
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