Los relatores especiales para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la ONU pidieron a México poder visitar el país este año ante el incremento de la violencia contra los periodistas.

Así lo anunció hoy el relator para la libertad de expresión de la CIDH, Edison Lanza, en una audiencia pública sobre las restricciones indirectas a la libertad de expresión en México, ante representantes del Gobierno y de organizaciones de la sociedad civil.

Lanza y su homólogo en la ONU, David Kaye, se reunieron recientemente con el embajador mexicano ante la OEA, Emilio Rabasa, para exponerle su intención de hacer una visita conjunta a México ante «la grave situación de violencia contra los periodistas».

«Haremos llegar una solicitud formal para concretar esta visita en el segundo trimestre (de este año)», precisó el relator de la CIDH, órgano autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Los representantes del Gobierno mexicano en la audiencia evitaron confirmar esta visita o hacer cualquier referencia al respecto, mientras que las organizaciones de la sociedad civil celebraron el anuncio.

«Tenemos la esperanza de que sea un trabajo profesional, que mantengan su independencia frente al Gobierno, que hagan valer lo que son, figuras internacionales con el mandato de ir a los países a hacer diagnósticos y dar recomendaciones», dijo a Efe la periodista mexicana Carmen Aristegui, que participó en la sesión junto con las organizaciones no gubernamentales.

«Esperamos que se haga con firmeza, con claridad, con ganas de evidenciar lo que no funciona y que se den buenas recomendaciones, (…) y esperamos que el Estado mexicano esté a la altura de una realidad inocultable», agregó.

Aristegui también pidió hoy a la Comisión que dé prioridad a la demanda que presentó -aún en proceso de admisión- contra al Estado mexicano por «obstrucción a la justicia» en el litigio que mantiene con el grupo MVS por su despido en marzo de 2014.

MVS terminó la relación laboral con Aristegui en marzo del año pasado, después de que la periodista sacara a la luz a finales de 2014 que la primera dama de México, Angélica Rivera, había encargado a un contratista del Gobierno la construcción de una lujosa mansión en la capital mexicana.