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El Servicio de Rentas Internas (SRI) arranca la implementación de la Ley de Fomento Productivo respecto a la remisión de intereses, multas y recargos, una vez que la normativa fue publicada ayer en el Registro Oficial ante anuncios de grupos políticos y sociales de demandar su inconstitucionalidad.

El Telégrafo

La remisión que significa eliminar intereses, multas y recargos si se paga el impuesto o capital se aplica para las declaraciones no presentadas o mal presentadas, cuotas RISE, matriculación vehicular y deudas en proceso de cobro.

La Federación de Estudiantes Universitarios (FEUE), gremios de trabajadores, foros y agrupaciones políticas como Movimiento Acuerdo Nacional conformada por simpatizantes del expresidente Rafael Correa están contra la normativa.

El Foro de Economía Heterodoxa, según uno de sus integrantes Pablo Dávalos, irá a la Corte Constitucional a plantear la inconstitucionalidad para la remisión y normas que creen que afectan a los trabajadores.

Para José Villavicencio, del FUT, la normativa no beneficia a los trabajadores sino a grandes empresarios, a quienes se les “perdona” $ 1.700 millones y será parte de la movilización nacional el 20 de septiembre.

A $ 4.700 millones asciende la cartera de deuda, según el SRI. Por remisión se recaudaría $ 774 millones: $ 602 millones este año, $ 115 millones en 2019 y $ 57 millones en 2020.