En NotiMundo a la Carta, Ronny Aleaga, vocal del Consejo de Administración Legislativa (CAL), afirmó que la fiscal Diana Salazar “no debería estar insinuando, debería aclarar la información (…) porque si existe presión política ella debería decir los nombres franca y transparentemente” de las personas que permanecen en el poder y podrían abusar de él para defenderse en los casos penales por el cometimiento de actos ilícitos.
.@RonnyAleagaS: «Mi comunicado no va cargado de mala intención, más vale va cargado de buenas intenciones y de exigir la transparencia de la verdad. Yo solicité al @CJudicaturaEc que toda la información expuesta en la cuenta de la señora fiscal sea analizada».
98.1 FM pic.twitter.com/0hWcD1PRf6
— NotiMundo (@notimundoec) June 16, 2021
Informó que, en su postura como «asambleísta y ecuatoriano», solicitó a la Función Judicial analizar el contenido expuesto por Salazar – a través de su cuenta personal de Twitter – debido a que sus declaraciones “tenían nombre y apellido”.
Dijo, también, que cuando Salazar tuvo que responder al pedido del presidente de la República, Guillermo Lasso, sobre confirmar si las personas “con privilegios” forman o no parte de su Gabinete, ella “se la sacó de una manera torera y le respondió que no son de su Gobierno”.
Señora @DianaSalazarM2:
Usted debe actuar y aclarar.Como Asambleísta le exijo revelar la información que tiene: ¿quiénes son los procesados que gozan de privilegios? ¿Quién en el poder está cobrando favores?
¡Ejerza su autoridad con seriedad y responsabilidad! ?? pic.twitter.com/ZgenLqP1co
— Ronny Aleaga Santos (@RonnyAleagaS) June 14, 2021
Contralor Pablo Celi
Respecto al proceso del contralor Pablo Celi, Aleaga aclaró que el CAL no abordó juicios políticos en su contra; sin embargo, dijo que por “decencia” la Contraloría General del Estado no puede estar “en manos de alguien que está detenido”.
En ese sentido, consideró que Celi debe estar enjuciado penal y políticamente por su presunta participación en una estructura criminal internacional que podría representar un perjuicio estatal de al menos USD 800 millones. Agregó que, de ese proceso, no se podrá profundizar las investigaciones porque “gran parte (del archivo de la Contraloría) se quemó en octubre”.
Sesiones presenciales en la Asamblea Nacional
Aleaga, también, se refirió a las alertas de los casos positivos en la Asamblea Nacional y aclaró que las declaraciones de dos vocales del CAL surgieron en base a un “rumor”. Aseguró que el Pleno del Legislativo implementó un protocolo de bioseguridad que acredita su participación en las sesiones y detalló que quienes no pueden presentar una PCR de resultado negativo deben hacerlo de manera telemática.
Escucha la entrevista aquí:
