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La empresa Rutas de Lima declaró hoy estar dispuesta a colaborar con la Procuraduría Pública Ad Hoc y las autoridades peruanas competentes, tras la denuncia por presuntos sobornos entregados para ganar una concesión vial en el 2014.

La compañía, que estuvo liderada por la brasileña Odebrecht hasta el año pasado, informó en un comunicado que “no cuenta con mayor detalle sobre la investigación planteada ni sobre las supuestas irregularidades relacionadas con su anterior accionista controlador”.

Agregó que, “desde el cambio de control en junio de 2016, Rutas de Lima ha venido implementando los más altos estándares y está dispuesta, como siempre, a colaborar con lo que la Procuraduría y las autoridades competentes le requieran”.

Asimismo, confió en que “la investigación se esclarezca para beneficio de los usuarios y el país”.

La procuradora ad hoc Katherine Ampuero denunció el miércoles a Rutas de Lima, que estuvo formada por las sucursales peruanas de Odebrecht Participacoes e Investimentos y Constructora Norberto Odebrecht, y a sus representantes en Perú Guilherme Borges de Queiroz y Raul Ribeiro Pereira Neto por los delitos de colusión y cohecho.

El caso está relacionado al presunto pago de coimas por 711.000 dólares por parte de las compañías denunciadas con el objeto de “ser beneficiadas irregularmente” con el proyecto Vías Nuevas de Lima firmado durante la gestión de la exalcaldesa Susana Villarán (2011-2014).

La procuraduría informó inicialmente que los presuntos sobornos ascendieron a 711 millones de dólares, pero horas después corrigió esa cifra a 711.000 dólares.

La concesión de Rutas de Lima de 115 kilómetros comprende los tres principales accesos y salidas de Lima, que incluyen las carreteras Panamericana Norte, Panamericana Sur y Ramiro Prialé, las cuales integran 23 distritos de la capital peruana.

A mediados del año pasado, Odebrecht vendió el 57 % de la concesión a la gestora global de activos Brookfield, mientras que conservó un 25 % y otro 18 % era manejado por la firma Sigma.

Odebrecht ya es investigado por la Fiscalía en Perú por la presunta entrega de 29 millones de dólares en sobornos a funcionarios para adjudicarse obras entre 2005 y 2014, un periodo que comprende los gobiernos de Alejandro Toledo (2001-2006), Alan García (2006-2011) y Ollanta Humala (2011-2016).

Fuente: EFE