El Salvador se unió hoy al clamor de justicia que familiares y defensores de los derechos humanos exigen ante el asesinato de la ambientalista y activista Berta Cáceres, perpetrado en Honduras el pasado 3 de marzo.

La Red Latinoamericana de Mujeres Defensoras de los Derechos Sociales y Ambientales rindió este día un homenaje en la plaza Salvador del Mundo, en San Salvador, donde realizaron un acto de «Celebración de la Vida» con el cual recordaron la vida y lucha de Cáceres en pro del medioambiente.

En el evento participaron mujeres indígenas de Ecuador y Bolivia, quienes realizaron la ceremonia, autoridades de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) de El Salvador, féminas de diferentes asociaciones y grupos ambientalistas del país y la hija de la activista Olivia Zúniga Cáceres.

La hija de la ambientalista agradeció la solidaridad del pueblo salvadoreño y, en especial, de parte de las mujeres salvadoreñas y latinoamericanas.

«A Berta Cáceres hay que llorarla, pero también hay que resucitarla en la lucha (…) son muchas las asesinadas por la lucha en la defensa de la madre tierra; más mártires no necesita esta tierra, pero si librar esta batalla es morir en el camino, estamos dispuestas», afirmó.

Zúniga Cáceres aseguró que «el Estado hondureño, junto con el poder nacional y trasnacional, quienes asesinaron a mi madre, planifican, diseñan y financian el plan de dejar este crimen en la impunidad a pesar de la presión internacional».

Agregó que junto a sus hermanos, Berta, Laura y Salvador, exigen «una respuesta inmediata sobre el asesinato de Berta Cáceres», por medio de un comunicado que será difundido en Honduras y por la Unión Europea, con el objetivo de que «el caso no quede en la impunidad».

Luego del homenaje en la plaza Salvador del Mundo las organizadores del evento se dirigieron a la embajada de Honduras en El Salvador, en donde se concentraron y entregaron el referido comunicado firmado por los hijos de la ambientalista.

Cáceres, de 45 años de edad, fue asesinada en su casa en la occidental ciudad de La Esperanza.

El homicidio de la defensora de derechos humanos, ambientalista de la etnia lenca y coordinadora general del COPINH ocurrió pese a tener medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y a que en múltiples ocasiones denunció que recibía amenazas de muerte.

Por su lucha en defensa de los recursos naturales en el occidente de esta nación centroamericana, Cáceres recibió en 2015 el Premio Medioambiental Goldman.