La mañana de este miércoles, 27 de mayo de 2020, la Fiscalía General del Estado informó que se realizaron cinco allanamientos por posibles sobreprecios en un contrato de pruebas PCR para COVID-19 por parte de la Dirección Metropolitana de Salud del Municipio de Quito. En reacción, el alcalde, Jorge Yunda, dispuso la separación de los funcionarios involucrados en las investigaciones. En NotiMundo a la Carta, el vicealcalde, Santiago Guarderas, calificó como una “decisión acertada” y anunció que los ciudadanos tendrán que “defenderse en libertad y sin poner de por medio al Municipio» porque se «trata fundamentalmente de encontrar la verdad».
Además, dijo que, a su criterio, la compra de pruebas PCR no contó con la planificación correspondiente debido que a su llegada no pudieron ser utilizadas por la falta de reactivos. Detalló que se levantaron alertas después que por dos ocasiones repetidas la Secretaria de Salud del Municipio no realizó tomas para coronavirus a funcionarios municipales que se encuentran en la primera línea de contagio. Agregó que el secretario de Salud, Lenín Mantilla, deberá presentar todos los documentos del proceso contractual; tras un pedido emitido, este martes 26 de mayo de 2020, por el Concejo Metropolitano.
#SantiagoGuarderas: «Yo creo que la población en #Quito pudo haber sido detectada si es que teníamos presentes las #pruebas que fueron adquiridas». #ComprasMunicipioUIO #COVID_19 #NotiMundoAlaCarta pic.twitter.com/eVoDLjjZr4
— NotiMundo (@notimundoec) May 27, 2020
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