La Secretaría de Inclusión Social y la Prefectura de Pichincha, a través de su Dirección de Movilidad Humana, activaron este 13 de agosto la mesa de trabajo de Movilidad Humana del Centro de Operaciones de Emergencia, esto después de que el alcalde de Quito, Mauricio Rodas, decretara el estado de emergencia humanitaria en la ciudad debido al arribo de venezolanos al país.

El Telégrafo

Ambas entidades articulan acciones para atender a las personas migrantes. Es así que se han activado seis centros temporales de tránsito (CTT) en los que rotarán las personas. Allí se da prioridad a las personas con doble vulnerabilidad como mujeres embarazadas, familias con niñas, niños, adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad. Según César Mantilla, secretario de Inclusión Social, la gente puede quedarse hasta cinco días en estos sitios; sin embargo, no deben abandonar el lugar si no tienen alguna alternativa de qué hacer. En los CTT se están llenando fichas para conocer qué es lo que desea cada persona y su situación actual en cuanto a su migración. Además, se activarán puntos lúdicos y se harán chequeos médicos. El objetivo, dice Mantilla, es conocer el estado real de cada una de las personas migrantes. Para evitar que se instalen los ciudadanos venezolanos en cualquier parte de la ciudad, la municipalidad recomienda que ya no se den donaciones. “Esto se está haciendo para levantar el campamento, mal llamado albergue, ubicado en el intercambiador de Carcelén y devolver la seguridad a la ciudad”, mencionó Mantilla. Hasta el momento, en los CTT se encuentran 125 personas de nacionalidad venezolana. Además, hay una alianza estratégica con el albergue San Juan de Dios, a donde se está direccionando a mujeres y hombres solos. Según informó el Municipio capitalino el objetivo es proporcionar todo lo necesario al migrante venezolano para que los que desean pasar a países del sur tengan incluso el pasaje para hacerlo. Y para quienes deseen quedarse, facilitar la posibilidad de que a la brevedad posible se regularicen y puedan independizarse de la asistencia pública.

Fuente: El Telégrafo