El secuestro se convirtió en una estrategia del frente armado Óliver Sinisterra para impulsar sus operaciones de narcotráfico en la frontera norte.

CNN

El pasado 26 de marzo, ese grupo irregular secuestró al equipo periodístico de Diario El Comercio. 18 días después se confirmó el asesinato del periodista Javier Ortega, del fotógrafo Paúl Rivas y del conductor Efraín Segarra. Y desde hace 10 días mantiene en cautiverio a una pareja de ecuatorianos. Se trata de dos jóvenes de Santo Domingo que viajaron a San Lorenzo por la venta de una motocicleta. Sus familias piden su liberación.

La respuesta de las FF.AA. y de la Policía ha sido emprender acciones de control para afrontar y evitar más ataques del grupo armado. Desde el ámbito de Seguridad, la primera medida que se adoptó fue la conformación del primer comité de crisis del actual Gobierno.

Al mismo tiempo, se llamó al Consejo de Seguridad Pública del Estado, máximo órgano de seguridad del país. El objetivo era tener el asesoramiento de 10 entidades para frenar las amenazas. Otra medida que se tomó fue movilizar más efectivos a la frontera (12 000 policías y militares) con dos estados de excepción. Pero esto no detuvo a los irregulares.

El 4 de abril, el grupo intentó volar una torre de energía de la parroquia Viche, en Esmeraldas. Hubo cuatro detenidos. El 13, los agentes capturaron a nueve colaboradores del frente Óliver Sinisterra, en Mataje.

Hasta el último reporte, son 42 los detenidos ligados a la disidencia. Desde ese momento, la coordinación entre las FF.AA. de Colombia y de Ecuador se intensificó. Incluso, el 17 de abril, agentes de inteligencia de los dos países se reunieron en Esmeraldas, en la tercera Combifron.

Al siguiente día, uniformados detuvieron a alias ‘Brayan’, explosivista de ‘Guacho’. Aunque las operaciones continúan, las autoridades aún no recuperan los cuerpos de los profesionales. Tampoco a la pareja. La situación de la frontera es uno de los temas medidos en la encuesta que Cedatos concluyó el 20 de abril. El 88,4% de ecuatorianos está preocupado, mientras que el 36,7% cree que el Gobierno ha manejado eficientemente el combate al tráfico de drogas.