Sobre el retiro de la seguridad particular, la ministra Alvarado dijo que es un asunto que no le corresponde decidir a la cartera de Justicia.

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Desde que el sábado pasado María Alejandra Vicuña fuera designada como nueva Vicepresidenta de la República, la situación del exsegundo mandatario, Jorge Glas, cambió en la cárcel 4 donde se encuentra recluido a causa del proceso legal que enfrenta por el caso de corrupción de Odebrecht en el Ecuador.

“Ahora la situación ha cambiado, el panorama ya es otro”, dijo la mañana de este lunes la ministra de Justicia, Rosana Alvarado, al señalar que por el momento, el exvicepresidente seguirá en ese centro penitenciario porque desde ahí se facilita el traslado a los procesos legales que enfrenta.

Y advirtió que el retiro de la seguridad particular por el cargo que ostentaba es un asunto que no le corresponde decidir al Ministerio de Justicia.

La ministra de Justicia señaló que no se trataba de un privilegio sino de un derecho que puede llegar a tener cualquier persona privada de la libertad, y que se le autorizó el ingreso a la prensa porque era el Vicepresidente.

Asimismo, justificó los permisos concedidos para que la prensa internacional ingresara a la cárcel 4 para que le entreviste al exvicepresidente, antes de ser cesado por ausencia del cargo.

Precisó que los permisos se dieron porque Glas era el Vicepresidente, quien se encontraba sin funciones, desde su detención, y que era la propia prensa que estaba interesada en hacerle la entrevista.

«El Ministerio que dirijo consideró importante autorizar la posibilidad de que medios de comunicación lo entrevisten”. No obstante, la ministra reconoció que ahora la situación cambió una vez que la Asamblea Nacional designó oficialmente a María Alejandra Vicuña como la nueva vicepresidenta de Ecuador.

Señaló que la cárcel 4 no es de privilegio y que contrariamente a lo que se piensa la situación de este lugar es muy precaria, el hacinamiento es casi del doble de las plazas que puede recibir y no tiene ningún sistema diferente de los otros centros carcelarios.

Fuente: El Telégrafo