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Una carretera de 490 kilómetros separa a Santa Isabel de Alluriquín. Ubicados en Azuay y en Santo Domingo de los Tsáchilas, ambos poblados fueron escenarios de enardecías protestas, la semana pasada. Los ánimos se encendieron luego de que los habitantes circularan por sus redes sociales denuncias sobre supuestos intentos de secuestro de niños.

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Hubo disturbios y roces entre moradores y policías de estas localidades, quienes se negaron a entregar a los supuestos secuestradores para que la gente tomara acciones. “Nadie se va a llevar a nuestros niños”, gritaban los habitantes de Santa Isabel mientras incineraban el carro en donde se movilizaba el presunto secuestrador. En Alluriquín, el vehículo de dos personas identificadas como sospechosas fue apedreado y terminó volcado. Más allá de la conmoción, las estadísticas revelan que el 99% de denuncias de secuestro son en realidad problemas familiares: padres, tíos o abuelos que se llevan a los niños sin consentimiento de las madres o de quienes tienen la custodia.

Hay casos en que los agentes investigadores han descubierto que el familiar implicado pidió a una tercera persona que retenga a un menor. De las 55 denuncias sobre infantes secuestrados en este año, solo un caso fue real y otras dos quejas se indagan como intentos de secuestro. Así lo confirmó ayer Víctor Araus, jefe de la Dirección de Delitos contra la Vida (Dinased). El oficial Araus sostiene que la actual percepción de inseguridad se debe a la información que circula en las redes sociales. Asegura que las posibles víctimas no denuncian los hechos y que simplemente se limitan a divulgar por Facebook o Twitter. Pese a esto, Araus dice que todos los casos se rastrean. Según él, hasta el momento no se ha identificado la existencia de una organización o red que se dedique al robo o secuestro de menores en el país.

Fuente: El Comercio