El parque eólico Minas de Huascachaca tiene una ejecución del 93%, y avanza en medio de dudas y cuestionamientos por irregularidades en las fases contractuales. En Notimundo al Día, Francisco Peralvo, abogado de la Cámara Nacional de Transporte Pesado (Canatrape), explicó que pese a haber denunciado hace un año la subcontratación de los servicios conexos, que incluían el transporte de aerogeneradores desde puerto Bolívar, no se ha hecho nada por aclarar la situación.

En Notimundo al Día, Francisco Peralvo, abogado de la Cámara Nacional de Transporte Pesado (Canatrape), señaló que desde hace un año se vienen presentando varias denuncias relacionadas con el parque eólico Huascachaca, que han sido presentadas a diferentes entidades de control, como el Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop), la Asamblea Nacional y la Contraloría General del Estado.

Según Peralvo, la oposición no es hacia el proyecto como tal, sino a las irregularidades evidenciadas en la fase precontractual y contractual de la fabricación de aerogeneradores, que se habría dado por régimen especial a la empresa Donfang International y dejando por fuera a los proveedores nacionales. Esto debido a que se excluyó los servicios conexos, que representaban el traslado y mantenimiento de los aerogeneradores.

Explicó que el proceso incluía los aerogeneradors y los servicios conexos, pero la empresa Elecaustro, encargada de la ejecución de la obra, lo dividió en dos. Para Peralvo, se sospecha que se hizo una subdivisión de contrato, es decir, una subcontratación a Donfang Electric Ecuador que se había formado recientemente, incumpliendo todas las reglas de participación nacional.

«La empresa fue creada exclusivamente para llevarse ese contrato», aseguró el abogado, y recordó que la normativa establece que para esta contratación la compañía seleccionada debía poseer USD 1,5 millones de patrimonio, «cuando Donfang tiene 0 de patrimonio».

Peralvo recordó que sobre este tema se elaboró un informe en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, donde se establecen recomendaciones que indican que la Contraloría, Fiscalía y Procuraduría inicen las investigaciones pertinentes para establecer responsabilidades sobre la ilegal división de los contratos. Además, se determina que la fiscalización del proyecto, a cargo de la Universidad de Cuenca, realice un informe para terminar el contrato de forma unilateral.

«El contrato de servicios conexos establece el seguro contra todo riesgo para el transporte», recordó Peralvo, pues al ser los aerogeneradores estructuras de gran tamaño se hace primordial que estén aseguradas, pero esto tampoco sucedió. Para cumplir la tarea de transportación, Dongfang subcontrató al consorcio Santa Fe-Montejo, por USD 7 millones de dólares, lo que representa el 100% del valor del traslado de los equipos.

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