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Se hizo público un nuevo audio en el que supuestamente la legisladora morenista, Norma Vallejo, explica a sus colaboradores que tienen que dar su aporte para el movimiento político Alianza PAIS, donde se habla que las contribuciones económicas se dan porque son puestos políticos y que esos pagos van al partido oficial.

Twitter Norma Vallejo

Este viernes, a través de un comunicado, el movimiento Alianza PAIS defendió la recolección de colaboraciones voluntarias de los militares, adherentes y simpatizantes del movimiento, según dijo, esa es la forma de poder sostenerse económicamente.

Así también rechazó categóricamente “el manejo politiquero que se pretende dar a las contribuciones, más aun cuando éstas son identificadas claramente con un origen popular, lícito y legítimo”, afirmó tras la difusión de un supuesto audio de la asambleísta Norma Vallejo en el que estaría pidiendo la contribución a su equipo de colaboradores.

Sobre el tema, la asambleísta Vallejo reaccionó e informó a través de Twitter, que solicitó comparecer ante la Comisión de Ética de Alianza PAIS para transparentar su accionar.

Hace semanas atrás, la asambleísta aseguró que estaba abierta a la realización de investigaciones sobre los supuestos diezmos. “No solo que revisen las cuentas personales, también las cuentas de los familiares, que nos revisen hasta debajo de la cama”, dijo Vallejo.

El pasado 18 de septiembre, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó, por unanimidad (119 votos afirmativos), la resolución de Fabricio Villamar, que establecía que la Contraloría, Superintendencia de Bancos y la Unidad de Análisis Financiero y Económico, en el marco de sus competencias, contribuyan en la investigación de supuestos cobros indebidos.

Según el Código Orgánico Integral Penal (COIP), los servidores públicos que abusando de su cargo o funciones exijan la entrega de derechos, cuotas, contribuciones, rentas, intereses, sueldos o gratificaciones no debidas, serán sancionados con pena privativa de libertad de tres o cinco años.

Si realizan la conducta mencionada anteriormente con violencia y amenazas, el servidor público será sancionado con pena privativa de libertad de cinco a siete años.

Fuente: Ecuavisa- Nota original: LINK