El Ministerio de Educación emitió un comunicado a través del cual se refirió sobre la suspensión dispuesta para José C., inspector del Colegio Mejía, señalado como supuesto autor de agresión física.

Ministerio de Educación

El documento detalló que las resoluciones tomadas por la cartera de Estado “están apegadas a las leyes”. Reiteró que respeta el debido proceso, el derecho a la defensa y las garantías jurídicas que se siguen en cumplimiento al protocolo de protección de derechos de los estudiantes.

En días pasados, María Augusta Montalvo, subsecretaria de Educación del Distrito Metropolitano de Quito, anunció la separación de José C., docente del plantel desde hace 20 años. La medida procedió tras conocer un video en el que se observa al maestro dando golpes en los glúteos con una vara a un grupo de alumnos.

Sin embargo, padres, estudiantes, exalumnos y autoridades del colegio manifestaron el respaldo al docente. La mañana de ayer, miércoles 20, se registraron desmanes por presuntos estudiantes del establecimiento educativo. Una persona quedó detenida y hubo ocho policías heridos.

El comunicado se difundió tras una reunión con representantes y delegados del plantel. A través del documento, la Secretaría de Educación anunció su rechazo a “los hechos de violencia acontecidos en las inmediaciones del establecimiento y exhortó a la comunidad educativa “a construir una cultura de diálogo y de paz”.

A párrafo seguido recordó que el artículo 45 de la Constitución declara que los niños y adolescentes gozarán de los derechos comunes del ser humano. Además reconoce su derecho a la integridad física y psíquica. Señaló que el artículo 46 de la Carta Magna señala que “el Estado garantizará la protección y atención contra todo tipo de violencia o maltrato de cualquier índole”.

En esa línea mencionó que todo funcionario y docente del Ministerio de Educación está obligado a cumplir la Constitución y la Ley. “Como seres humanos no debemos tolerar ningún tipo de maltrato”, detalla el escrito.

El Ministerio de Educación recordó que la Junta de Resolución de Conflictos es el órgano competente para tratar y resolver estos casos, “por lo que se mantuvo la suspensión temporal del docente de todas sus funciones al interior de la unidad educativa mientras dure el proceso administrativo disciplinario”.

En declaraciones a Telediario, Fander Falconí, ministro de Educación, indicó que se pidió al maestro separarse de sus funciones para que pueda presentar su defensa correctamente.

Fuente: El Telégrafo