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El Gobierno no incluirá el aumento del techo de la deuda pública en la reforma económica que enviará la próxima semana a la Asamblea Nacional.

EFE

“Eso (el tema de la deuda) tiene que ser delimitado en otro ambiente (…). Lo inmediato y necesario este momento es la Ley económica urgente, a fin de seguir con el programa económico”, dijo la ministra de Finanzas, María Elsa Viteri.

La funcionaria dio estas declaraciones ayer tras una reunión con gremios de empresarios, en Quito, con quienes discutió las medidas que se incluirán en las reformas. El Gobierno anunció a inicios de abril que enviará un proyecto de Ley urgente que permitirá generar ingresos por USD 624 millones este año. Las reformas incluyen una remisión tributaria para condonar intereses, multas y recargos de empresas.

Además, prevé la eliminación o reducción de beneficios tributarios como la aplicación del IVA a los seguros de salud y vida. Richard Martínez, presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano, destacó que en la reunión la funcionaria se comprometió a la eliminación del impuesto mínimo, como había ofrecido el pasado 2 de abril el presidente Lenín Moreno.

Sin embargo, persisten preocupaciones como el gravar con IVA a los seguros de salud y vida, así como el retiro del crédito tributario por el impuesto a la salida de divisas (ISD), que tendrá un impacto de USD 300 millones para la industria a partir del 2020. Patricio Alarcón, presidente de la Cámara de Comercio de Quito, dijo que luego de la reunión persisten las preocupación por la falta de claridad del modelo económico.

“Sobre la eliminación del crédito tributario del ISD hay un error conceptual, porque el Gobierno piensa que eliminar esos incentivos no es subir impuestos, cuando en la práctica sí lo es, ya que nos quitan liquidez a la empresas”, dijo. La Ministra no había hecho apariciones públicas desde hace un mes, cuando dio algunos detalles del plan económico. Desde entonces, Viteri no se había pronunciado sobre temas claves para su gestión como el informe de la Contraloría, el cual determinó que el país superó en el 2016 el techo de endeudamiento permitido, del 40% en relación al PIB.