El presidente de Brasil, Michel Temer, envió una carta a la Fiscalía General con el objetivo de presentar su postura de rechazo a las críticas que lo vinculan de manera irregular con la empresa Odebrecht, luego de ser incluido en una investigación de la operación denominada Lava Jato.

Fotografía de archivo del vicepresidente de Brasil, Michel Temer, durante una rueda de prensa ayer, lunes 11 de abril de 2016, en Brasilia. El Senado de Brasil aprobó hoy someter a un juicio político a la mandataria Dilma Rousseff y la apartó del cargo por un periodo de hasta 180 días, tiempo máximo para que concluya el proceso y en el que será sustituida por su vicepresidente, Michel Temer. En la votación, que se produjo después de una sesión continua de 20 horas y media de duración, 55 senadores se pronunciaron a favor del juicio político y 22 votaron en contra. EFE

Según la Agencia Brasil, la carta enviada por el mandatario a la fiscal general, Raquel Dodge, contiene la posición del abogado Ives Gandra da Silva Martins, de ministros del Supremo Tribunal Federal (STF) en decisiones anteriores sobre asuntos similares, además de un artículo del ministro de Justicia, Torquato Jardim.

La semana pasada, el ministro del STF Edson Fachin incluyó al mandatario en una investigación sobre irregularidades en torno a la constructora Odebrecht en Brasil, tras el pedido de la Fiscalía.

La investigación también salpica a los ministros de la Presidencia, Eliseu Padilha, y de la Secretaría General, Wellington Moreira Franco, ambos del entorno más cercano al jefe de Estado.

En la carta enviada por Temer, el jurista Gandra defiende que el presidente debe responder solamente «por actos que guardan estricta relación con el ejercicio del mandato» y señaló que la «supuesta práctica de infracciones ocurridas en 2014» son anteriores a su mandato.

En la misiva, el abogado de Temer hizo énfasis en que la Constitución hace distinción «nítida» entre infracciones que tienen relación con las funciones de la presidencia y aquellas que son «extrañas» al cargo para impedir la «inestabilidad política». Según la agencia estatal de noticias, el presidente Temer dijo en la carta que remitió el parecer del jurista a la procuradora Dodge por «mero interés académico», debido a su «vicio intelectual de discutir los grandes temas del Derecho Constitucional».

La investigación en la que se vinculó a Temer se refiere a supuestas comisiones pagadas por Odebrecht a cambio de favores políticos que habrían sido recibidos entre 2013 y 2015 de la Secretaría de Aviación Civil, que en ese período estuvo dirigida por Padilha primero y luego por Moreira Franco.

Según han confesado antiguos ejecutivos de la constructora, esos pagos eran dirigidos a financiar, por medio de operaciones de «caja B», las campañas del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), que entonces tenía como presidente a Temer.

De acuerdo a esos testimonios, Temer, quien al mismo tiempo era vicepresidente de Brasil, llegó a participar en la negociación de lo que sería pagado al PMDB, algo que el actual mandatario ha negado siempre en forma enfática. Según Dodge, si bien Temer no podría ser juzgado ahora por ese asunto, sí puede ser investigado, una tesis que fue aceptada por el juez Fachin.

Fuente: El Telégrafo