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Este lunes concluye el plazo dado por el alcalde de Quito, Mauricio Rodas, a los transportistas para que den muestras de un mejoramiento sustancial del servicio.

El Telégrafo

Una primera etapa de evaluación terminó el 6 de octubre. En ese entonces Rodas aseguró que se detectaba mejoría en algunos estándares de operación, pero que aquello no era suficiente. Según datos de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), el 75% de los indicadores era incumplido por las operadoras.

Por eso se anunció un nuevo período de control y verificación de las condiciones de trabajo de los buses hasta el 6 de noviembre. La elevación de la calidad de la transportación fue establecida por el Alcalde como una condición indispensable para considerar la posibilidad de una revisión de los pasajes, como exige el gremio.

Esto tras la paralización de actividades que realizó el sector el 25 de agosto, en rechazo a la decisión tomada la víspera por el Concejo de no votar la ordenanza en la que se establecía un alza de tarifas de los actuales $ 0,25 a $ 0,30. Frente a esto, hay voces que critican el manejo del tema de la movilidad realizado por la Alcaldía.

El concejal independiente Sergio Garnica, por ejemplo, considera incorrecto que se ate la posibilidad de  elevar los pasajes al mejoramiento de la condiciones del servicio.

A su juicio, esa actuación de forma coyuntural no contribuye al mejoramiento del sistema. “Da la idea de que las condiciones del transporte mejorarán hasta que se logre el objetivo (de elevar las tarifas) y luego las cosas volverán al estado anterior.

El cumplimiento de estándares debe ser para siempre y los controles deben ser permanentes”. Garnica sostiene que la situación de la movilidad debe ser vista de forma integral. Así, la discusión de los pasajes debería estar atada a elementos como el establecimiento de un sistema inteligente de recaudo o la reingeniería de rutas y frecuencias.

Este punto de vista es compartido por otros sectores del legislativo local. Ese es el caso del bloque de Alianza PAIS (AP). Los ediles de AP sostienen, además, que el mejoramiento del sector pasa ineludiblemente por un cambio del modelo de operación.

La transformación de las actuales cooperativas en compañías permitiría —sostienen— establecer un esquema empresarial en el que prime la atención a los usuarios en lugar de las decisiones individuales y el interés de cada socio.

Frente a lo anterior, los dirigentes del transporte repiten que a lo largo de los años el sector ha hecho esfuerzos para mejorar el servicio. Y citan permanentemente la inversión de millones de dólares en la renovación de unidades.

Además, responsabilizan al Cabildo de incumplir acciones que le competen, como la correcta identificación de paradas y la capacitación a los choferes. Ante esto, el gobierno local inició el mes pasado un proceso de señalización de lugares de abordaje y descenso de pasajeros en toda la ciudad.

Además, firmó un convenio con la Universidad San Francisco de Quito para la realización de talleres. La ciudadanía nota ciertos cambios, por ejemplo, un mayor respeto a las paradas. Genoveva Ramos, quien viaja todos los días entre Pomasqui (norte) y La Villaflora (centro-sur) por cuestiones de trabajo, afirma eso. Sin embargo, la cuidadora de ancianos afirma “que los buseros no cumplen en otros aspectos”.

Ramos sostiene que en cuanto tienen oportunidad, los transportistas repletan las unidades más allá de su capacidad, sin importarles la comodidad de los pasajeros. Añade que cuando “tienen el carro relativamente vacío y ven otro bus adelante de ellos, no dudan en acelerar para llegar antes a la siguiente parada”. Julia y Esteban, dos estudiantes universitarios y novios, coinciden en que los conductores cumplen “únicamente a veces”.

El martes pasado, ellos esperaban en la parada del Ministerio de Agricultura alrededor de las 19:20 un vehículo que los llevara al barrio Andalucía (norte). Tras esperar por 30 minutos, optaron por tomar un taxi, pues estaban atrasados. “No es justo, todavía  es temprano, día laborable y no hay buses”, se quejó la muchacha. (I)

Los transportistas de Quito buscan que la tarifa general se incremente de los actuales $ 0,25 a $ 0,30. El medio pasaje para menores y ancianos sería de $ 0,15.

Las personas con capacidades especiales seguirían pagando $ 0,10. La tarifa del transporte municipal subiría, también, a $ 0,30, en tanto que el pasaje municipal en horario nocturno valdría $ 0,60. La propuesta contempla, también, la modificación del costo de los viajes entre Quito y sus parroquias rurales y entre estas.

La tarifa menor se fijaría en $ 0,30 y la mayor sería $ 1,14 en este sistema. De acuerdo con cálculos de la Administración General del Municipio, la alternativa al mantenimiento del costo de los pasajes sería el mantenimiento del pago de compensaciones. Pero ello significaría $ 45 millones anuales para el Cabildo.