La comisión, integrada por 21 senadores, escuchó hoy al fiscal del Ministerio Público de Cuentas Julio Marcelo de Oliveira, quien el año pasado detectó las irregularidades fiscales que le han dado pie a la oposición para iniciar el proceso, y a otros dos expertos en asuntos de derecho financiero y gestión pública.
La comisión escuchará mañana a tres testigos presentados por la defensa y prolongará sus debates hasta el viernes, cuando decidirá si la causa será archivada o remitida al pleno del Senado, que en ese último caso decidirá la semana próxima si instaura el juicio, con lo que Rousseff sería separada del cargo durante 180 días.
El fiscal De Oliveira insistió hoy en que la mandataria incurrió en «graves irregularidades» relacionadas con maniobras contables que maquillaron los resultados del Gobierno y permitieron omitir de los balances oficiales unas abultadas deudas con bancos públicos y alteraciones de presupuestos no ajustadas a las normas.
De Oliveira fue enfático al asegurar que esas maniobras tuvieron un enorme impacto en las finanzas y en la credibilidad del Estado y afirmó que representaron «un daño equivalente al que causa la corrupción».
Tal vez por su contundencia, De Oliveira casi no fue incordiado por el oficialismo, que no se esforzó en rebatir sus afirmaciones, plagadas de datos técnicos y jurídicos.
La investigación realizada por el fiscal constató que en 2014 el Gobierno no depositó en la banca pública, usada como agente de pago, parte de los montos previstos para seguros de desempleo, subsidios a familias más pobres y créditos agrícolas, entre otras obligaciones.
Eso llevó a los bancos a cubrir esos compromisos con sus propios recursos y le generó al Estado una deuda que en 2014 cerró en unos 40.000 millones de reales (hoy 11.428 millones de dólares).
De Oliveira explicó que esas irregularidades comenzaron en 2013, pero aclaró que al día 31 de diciembre de ese año el Gobierno llegó a cubrir todas sus deudas con la banca pública.
Sin embargo, las maniobras se retomaron a inicios de 2014 y se acentuaron en el segundo semestre de ese año, cuando Rousseff fue reelegida para un segundo mandato.
Según el fiscal, parte de las deudas se mantuvieron durante 2015 y solo fueron canceladas a mediados de diciembre pasado, con lo cual el Gobierno «estremeció la ley de responsabilidad fiscal», que regula el gasto público y la ejecución de los presupuestos.
«El Gobierno solo pagó a fines de 2015 y lo podría haber pagado antes, pero no lo hizo porque pretendía ejecutar otros gastos con ese dinero, lo que lleva a unas irregularidades gravísimas», afirmó.
Los informes redactados por el fiscal llevaron a que el Tribunal de Cuentas (TCU), órgano de contraloría del Estado, rechazara los balances del Gobierno de 2014, lo cual se ha recomendado también para los de 2015, que aún no han sido analizados por esa corte.
Ese rechazo fue uno de los factores que dio pie a la oposición para pedir un juicio político contra Rousseff, un proceso que está en sus fases finales y que será definido en los próximos diez días.
Si la comisión de senadores respalda el inicio del juicio, el pleno del Senado decidirá, posiblemente el próximo 11 de mayo y por mayoría simple entre sus 81 miembros, si Rousseff será procesada por supuestos «crímenes de responsabilidad», como la Constitución define las causas que pueden llevar a la destitución de un mandatario.
En caso de que el Senado se incline por la apertura del juicio, Rousseff será separada del cargo durante los 180 días que puede durar el proceso y sustituida por el vicepresidente Michel Temer, quien ya articula fuerzas de cara al Gobierno que pudiera asumir dentro de unos quince días.
Temer, enemistado con la mandataria desde hace semanas, deberá completar el mandato que vence el 1 de enero de 2019 en caso de que se llegara a la definitiva destitución de Rousseff o a una eventual renuncia de la mandataria.
