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Un Consejo Nacional Electoral (CNE) “ilegalmente conformado”, sin “participación ciudadana ni transparencia” son, entre otras, las conclusiones del informe de evaluación que recomendó cesar a sus cinco vocales, y que abren el debate respecto a si ‘fracasó’ el modelo establecido por la Constitución de Montecristi para elegir a este máximo organismo de la Función Electoral.

El Telégrafo

El artículo 218 de la Carta Política establece que el CNE funcionará con cinco vocales principales y sus suplentes, electos mediante concursos públicos organizados por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPC).

Siete años después de aplicar esta metodología, el informe suscrito por el CPC transitorio señala que los consejeros Nubia Villacís, Ana Marcela Paredes, Luz Haro, Paúl Salazar y Mauricio Tayupanta llegaron al cargo en medio de procesos “irregulares”, y “beneficiando a intereses políticos particulares”, en referencia al gobierno de Rafael Correa.

Antes de la Constitución de Montecristi, esa función estaba liderada por el Tribunal Supremo Electoral, que se integraba por siete magistrados procedentes de las siete fuerzas políticas más votadas.

Gilmar Gutiérrez, de Sociedad Patriótica, cree que esa fórmula debería retomarse en el futuro. “Esto garantiza más transparencia. Debe ser un cuerpo representado por las organizaciones políticas”. Afirma que el representante de cada partido o movimiento velará porque no se afecten los procesos “y eso permitirá que sea transparente, porque cada quien va a defender no ser perjudicado, estoy seguro de que esa es la forma más segura de que garantice democracia”.

​Para el coordinador de la Veeduría por la Democracia, César Ulloa, esta “nueva arquitectura” para conformar el CNE permitió que el p​a​rtido político ​se transforme en el Estado. “Al analizar el origen de los consejeros, se puede decir que hubo tráfico de influencias: del Ejecutivo iban al CPC, luego iban al CNE, y de ahí a la Corte Constituciona​l​. Hay que reformar la Constitución, pues ​f​racasó el modelo”, explica.

​David Rosero fue parte del primer Consejo de Participación del extremo ‘opositor’ a las posiciones oficiales del anterior régimen. Dice que en procesos de selección de autoridades, entre ellos CNE, no se cumplió con la meritocracia y el sistema “falló”. “El gobierno de entonces usó la meritocracia para secuestrar la institucionalidad, y eso fue lo que falló. La metida de mano del gobierno en los concursos, para que no entre nadie de un pensamiento distinto. ¡Ese fue el error!”.