La Fiscalía informó el miércoles 14 de agosto que el Tribunal de Garantías Penales de Francisco de Orellana sentenció a 200 horas de trabajo comunitario por año, durante 4 años, a 10 ciudadanos waorani procesados por el asesinato de un número indeterminado de aborígenes del pueblo taromenane, en la Amazonía del Ecuador.
El ente acusador señaló: “10 ciudadanos waorani sentenciados por homicidio. Con la aplicación de principios de interculturalidad, deberán cumplir con 200 horas de trabajo en la comunidad”.
El ataque contra los taromenane, en aislamiento voluntario, fue producto de una venganza, según dijeron autoridades en 2013. Los waorani presuntamente tomaron represalias por la muerte de dos personas de la tercera edad de su comunidad amazónica.
Tras perpetrar el asesinato, los waorani también raptaron a dos niñas taromenane. Una de ellas fue liberada con la intervención de la Policía, mientras que la otra quedó en poder de los atacantes.
El sacerdote español Miguel Angel Cabodevilla, quien trabajaba con los waorani y escribió un libro sobre la sangrienta venganza, dijo en su momento a la AFP que unos 20 taromenanes pudieron morir en ese hecho.
Las autoridades, que nunca hallaron los cadáveres, para iniciar el proceso judicial emplearon como evidencia declaraciones de testigos y fotografías que se tomaron los procesados con los cuerpos de sus víctimas.
La Fiscalía señaló el miércoles 14 de agosto en un comunicado que 17 waorani atacaron a miembros de la comunidad taromenane, provocando la muerte de “varias personas”.
El juicio se realizó tras una coordinación entre el Poder Judicial y personas de la tercera edad de esa etnia y “en aplicación de principios de interculturalidad” establecidos en la Constitución, instrumentos internacionales como de la OIT y “conforme a la cosmovisión indígena”, dijo.
De los 11 procesados, diez fueron declarados responsables de homicidio y condenados a 200 horas de trabajo comunitario, agregó la Fiscalía.
La Carta Magna ecuatoriana permite la conformación de circunscripciones territoriales indígenas que ejercen competencias de un gobierno autónomo y que sus líderes apliquen justicia con base a sus tradiciones ancestrales y su derecho propio.
Asimismo, instruye a los operadores de Justicia a considerar las costumbres y normas de personas, grupos o colectividades, dentro del principio de interculturalidad.
El Código Orgánico Integral Penal (COIP) de Ecuador contempla condenas de hasta 13 años de cárcel para los homicidas.
Los sentenciados además deberán producir chakras (sembríos), construir casas tradicionales y organizar una “fiesta cultural waorani” en la que Secretaría de Derechos Humanos del Gobierno ofrecerá una “inducción de derechos humanos, especialmente el derecho a la vida”, de acuerdo con la información de la Fiscalía.
Los taromenane y tagaeri, emparentados con los waorani, son pueblos nómadas en aislamiento voluntario que se mueven en una amplia zona de la Amazonía. Se desconoce cuántos viven y las únicas huellas de su existencia son fotografías, lanzas y utensilios.
Con unos 4 800 miembros, los waorani son dueños de unas 800 000 hectáreas de selva en las provincias de Pastaza, Napo y Orellana, una pequeña parte de la cuenca amazónica ecuatoriana. La ley reconoce la jurisdicción indígena.
Fuente: El Comercio – Nota Original: LINK
