La pugna entre el Ejecutivo y el Legislativo se profundizó por la cuestionada designación de Raúl González como Superintendente de Bancos. En Notimundo al Día, David Rosero, vocal del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), criticó la “nueva metida de mano” del Gobierno a una función del Estado, ante la negativa para reconocer a la autoridad.

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En Notimundo al Día, David Rosero, vocal del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), señaló que el Gobierno del presidente Guillermo Lasso ha priorizado la «metida de mano» a la justicia, al Cpccs y ahora a la Superintendencia de Bancos, en lugar de atender los problemas urgentes del país como la inseguridad, desempleo y educación.

El consejero refirió que la acción de personal del nuevo Superintendente de Bancos, del pasado 11 de agosto, se establece el cumplimiento de la resolución del Cpccs que designó a Raúl González como titular de la entidad, con 4 votos afirmativos, 2 abstenciones y 1 en contra, este último correspondiente al presidente del organismo, Hernán Ulloa.

«Existe ya un documento que faculta el ejercicio del cargo del Superintendente», aseguró. Por ello, anunció que, tanto el presidente Lasso, el ministro Francisco Jiménez (Gobierno) y Hernán Ulloa deberán responder por presunta arrogación de funciones, pues se ha decidido de forma «unilateral y arbitraria» continuar con el proceso de designación, mediante la nueva terna remitida por el Jefe de Estado.

Rosero recordó que este proceso inició en abril de 2022, cuando Lasso remitió al Cpccs la terna correspondiente, para que luego, el 20 de julio, se designe a la autoridad y se remitió a la Asamblea Nacional para que se haga efectiva la posesión. No obstante, ahora se continúa con el nuevo proceso de designación, según confirmó el pasado lunes 15 de agosto el presidente Hernán Ulloa. «Él es uno de 7 consejeros, y él solo está revisando la terna con sus asesores», criticó, asegurando que «en este tema Ulloa se ha quedado solo» y que no ha puesto el tema para discusión del Pleno.

«Mañana se le ocurre a un Alcalde aprobar una ordenanza sin el consejo municipal», ejemplificó. Ante estos hechos, Rosero lamentó que las acciones del Gobierno han derivado en una crisis institucional, desatada «por la metida de mano del Gobierno para controlar el sistema financiero». Recalcó que el Ejecutivo ha impedido el cumplimiento de una orden legítima de la autoridad competente, que en este caso es el Cpccs y la Asamblea Nacional, al no reconocer a González como titular de la Superintendencia. «Los intereses de un banquero no pueden estar sobre los intereses de los ecuatorianos«, apuntó.

Rosero comparó al Régimen de Lasso con el de Rafael Correa, con la única diferencia que ahora «los nombres han cambiado». «Por concentrar poder, tenemos un Gobierno incapaz para resolver los problemas, pero bastante ágil para manipular otras funciones del Estado», puntualizó.

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