Ricardo Saénz emitió este jueves un dictamen en el que dice que su colega, muerto en enero de 2015, fue víctima de un homicidio.

El fiscal general ante la Cámara del Crimen, Ricardo Sáenz, emitió hoy un dictamen en el que apunta que su colega Alberto Nisman, fue víctima de homicidio, en enero de 2015 días después de denunciar a la entonces presidenta argentina, Cristina Fernández, por presunto encubrimiento de terroristas.

«Concuerdo con los apelantes en que el objeto procesal de esta causa hasta el momento, lo constituye la hipótesis de que Alberto Nisman ha sido víctima del delito de homicidio», señala el dictamen del fiscal.

En este sentido, Sáenz señala que la investigación debería ser proseguida por la Justicia Federal de Buenos Aires, «que es la que tiene la competencia más amplia para conocer y dilucidar cuál de todas las hipótesis implicadas resulta finalmente aplicable al hecho».

«De lo contrario se pondría en riesgo la legalidad y se afectaría la garantía del juez natural», añade.

Nisman, que estaba a cargo de la investigación del atentado contra la sede de la mutualista judía AMIA que dejó 85 muertos en 1994, fue hallado muerto en su domicilio el 18 de enero de 2015, horas antes de comparecer en el Congreso para explicar la demanda contra Cristina Fernández por supuesto encubrimiento de terroristas iraníes.

El fiscal basaba su denuncia en el acuerdo de entendimiento suscrito entre Argentina e Irán en 2013 y que, según Nisman, implicaba encubrir a los sospechosos del ataque a la AMIA a cambio de impulsar el intercambio comercial de granos argentinos por petróleo iraní.

Dicha denuncia fue finalmente archivada en mayo del año pasado.

Asimismo, más de un año después, la investigación sobre la muerte de Nisman sigue estancada y sin un dictamen oficial sobre las circunstancias del deceso.

Es así que Sáenz se muestra convencido en su informe de que «ante la sola posibilidad» de que Nisman fuese «asesinado cuatro días después de esa denuncia» la investigación debería ser proseguida por la Justicia Federal y declarar así la incompetencia de la Justicia de Instrucción en la que se halla el caso.

El fiscal de Cámara se adhiere en su informe a las querellas que representan, por un lado a la madre de Nisman, Sara Garfunkel, y por otro a las dos hijas del fallecido y su exmujer Sandra Arroyo Salgado, que han pedido apartar a la jueza Fabiana Palmaghini de la causa que investiga la muerte del fiscal.

Tras considerar que no hay pruebas suficientes para inclinarse hacia la hipótesis de homicidio, Palmaghini se negó a pasar el caso a la Justicia federal, una decisión que los familiares de Nisman, que defienden que fue asesinado, apelaron.

«Es el primer dictámen donde una autoridad judicial se expresa en términos de la hipótesis que nosotros hemos planteado de hace meses», dijo hoy Manuel Romero Victorica, abogado de la exmujer y las hijas del fiscal fallecido, quien en el momento de dar estas declaraciones al canal Todo Noticias no había leído todavía el dictamen.

El letrado, en una primera impresión, mostró «una gran satisfacción», al ser algo que las querellas venían planteando «desde hace mucho tiempo, prácticamente hasta ahora en soledad».

«No había habido ningún dictamen judicial que hasta el momento nos acompañara y el hecho de que el fiscal de la Cámara de Apelaciones se adhiera a nuestro recurso no deja de ser una satisfacción, porque no somos los únicos que vemos el expediente en el sentido en el que lo estamos planteando a los jueces», añadió.

Entre los puntos que trata en su dictamen, Sáenz dice coincidir con la querella presentada por el equipo que integra Victorica en que Nisman, «lejos de hallarse angustiado o deprimido, se encontraba satisfecho, de buen ánimo, plenamente convencido de la justicia de sus acciones, y abocado a la presentación que iba a efectuar ante los legisladores aquel 19 de enero».

El fiscal agrega que la tesis referida a que los estudios periciales realizados sobre las manos de Nisman y sobre el arma utilizada demuestran «que estamos en presencia de un homicidio».

Sáenz fue uno de los 10 fiscales que convocaron para el pasado 18 de febrero la marcha de «memoria y justicia» para recordar que hace 13 meses Argentina se «conmovía» con la muerte de quien investigaba el atentado terrorista «más brutal» que haya sufrido el país.