En Cuenca, este miércoles 18 de septiembre, una jueza del Complejo Judicial de Azuay ordenó 10 días de prisión a un hombre que reportó un accidente falso en el centro de Cuenca; esto, porque existió una activación innecesaria de recursos.

Es la segunda vez que en el país se fija una sentencia con prisión por este tipo de delito. Créditos: ECU-911

El primer caso ocurrió en noviembre del 2017 en contra de un ciudadano que alertó que existía una persona ahogándose en la laguna de Ozogoche, en Chimborazo.

El caso de Cuenca ocurrió la tarde del martes 17 de septiembre, cuando el ciudadano reportó un supuesto accidente en el centro de la ciudad. La Central de Emergencias movilizó a agentes de tránsito de la Empresa de Movilidad, policías y vehículos al sitio.

Al llegar al lugar se encontraron con otra realidad: se trataba de una pelea del autor de la llamada con un vecino por el reclamo de una computadora. Es decir, hubo activación innecesaria de recursos, dijo la coordinadora de la zonal 6 del ECU-911 Austro, Alexandra Altamirano.

Por eso, esta institución interpuso la demanda contra el ciudadano por el uso indebido de la llamada a la Central Única de Emergencias.

Desde el 2016 esta entidad ha suspendido más de 350,000 líneas de teléfonos fijos y móviles por mal uso de llamadas al 911. Solo en el mes de agosto del 2019 hubo seis, que también están en investigación.

En la audiencia de flagrancia el ciudadano se declaró culpable y por eso la Jueza le redujo a 10 días de prisión preventiva, con relación a la pena mínima que establece el artículo 396 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).

Este artículo castiga con una pena privativa de libertad de entre 15 a 30 días a las personas que hagan llamadas falsas al Sistema Integrado de Seguridad ECU 911 y que esta acción implique desplazamiento, movilización o activación innecesaria de recursos.

Es una contravención de cuarta clase que fue incorporada al COIP en el 2014 por el alto índice de llamadas malintencionadas.

Altamirano dijo que no están satisfechos con la sentencia porque la Jueza debió imponer la pena máxima porque se trató de gastos innecesarios de recursos del Estado que son exclusivamente para salvar vidas.

Fuente: El Comercio – Nota Original: LINK