Los cuatro consejeros que fueron destituidos por la Asamblea Nacional, retomaron sus funciones en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) luego de que un juez de la Unidad Multicompetente del cantón La Concordia, en Santo Domingo de los Tsáchilas, aceptara una medida cautelar presentada por el ciudadano Manuel Párraga. Afirmó que hubo una violación al debido proceso en el juicio político, pues no se cumplieron los plazos para aprobar el informe en la Comisión de Fiscalización.

Foto: Carlos Granja Medranda / El Universo

En Notimundo A La Carta, Ibeth Estupiñán, consejera restituida al Cpccs, insistió que hubo un “juicio a la carta” porque no existieron pruebas ni un informe que demuestre el supuesto incumpliendo de funciones de los vocales de la institución. “Eso ha garantizado esta acción de protección con medidas cautelares que nos devuelve el derecho a ser consejeros”, dijo.

Agregó que, en la decisión de la Asamblea, del pasado 18 de noviembre, hay “conflictos de intereses claros y un abuso del poder”.

Por su parte, tras conocer la decisión del juez, el presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, la calificó como una intromisión judicial en el primer poder del Estado. “La medida cautelar se da antes de un hecho y el hecho ya está dado: La destitución de los cuatro vocales se dio el día viernes a la medianoche, y eso está consumado. Nosotros no podemos acatar como Función Legislativa, algo que es inejecutable”, enfatizó en una rueda de prensa.

De su lado, los integrantes del Consejo de Administración Legislativa (CAL) ratificaron que la posesión de los nuevos consejeros del Cpccs se mantiene para este jueves 24 de noviembre.

Frente a esto, Estupiñán precisó que ha sido la justicia la que ha determinado el incumplimiento de funciones de la Asamblea con un “juicio a la carta” pues insistió que este fue ilegal e inconstitucional. “No hay ninguna interferencia cuando hay una vulneración de los derechos y eso prevaleció el día de hoy”, recalcó Estupiñán.

Agregó que se deben respetar las decisiones de los ecuatorianos y no las de un grupo de asambleístas que buscan “perjudicar las acciones que están emprendiendo los consejeros de mayoría” como el proceso para elegir y designar al Contralor General del Estado. “Espero que exista la independencia de funciones y aspiro que la Corte Nacional de Justicia no interfiera en las acciones que realiza su primo de manera ilegal en la Asamblea”, finalizó.

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