Este proyecto, según la asambleísta, tiene como principal objetivo la muerte civil para aquellos funcionarios que hayan participado en casos de corrupción.
Agregó que implica reformas a varios cuerpos legales como la Ley Orgánica de Servicio Público (Losep), Código Orgánico Integral Penal (COIP) y el Código de la Democracia, para mantener un registro único de inhabilitados permanentes para el ejercicio de cargos públicos.
Además, dijo que incluye al testaferrismo y tráfico de influencias como impedimentos para que un ciudadano vuelva a ser funcionario público, miembro de partidos o movimientos políticos, o candidato a elección popular.
Fuente: El Telégrafo
