Estás declaraciones las hizo la noche de este 31 de enero del 2019, en la Asamblea Nacional previo a su comparecencia en la Comisión de Relaciones Internacionales. Los dos exfuncionarios son requeridos por la justicia, porque existen procesos judiciales en su contra.
La exlegisladora Espín es investigada por el delito de “oferta de realizar tráfico de influencias”. El pasado 24 de septiembre, Espín junto con una abogada visitaron en la cárcel a la exagente Diana Falcón quien es testigo y también indagada como autora del secuestro del exlegislador Fernando Balda, ocurrido en Colombia en el 2012.
En este caso también está procesado el expresidente Rafael Correa. Según la versión de la exagente, las dos mujeres le ofrecieron asilo en Bélgica si se retractaba de su testimonio contra el expresidente Rafael Correa, procesado en el caso Balda. En el caso de Ochoa, el pasado 24 de enero del 2019, el juez Marco Rodríguez ordenó prisión preventiva contra el extitular de la Supercom.
En la diligencia se conoció que se encuentra fuera del país desde octubre del 2018. Por eso la Fiscalía solicitó que se notifique a la Policía Internacional (Interpol) para que detengan al exfuncionario.
Ochoa es procesado por supuesta falsificación de la Ley de Comunicación para sancionar a medios de comunicación. En su gestión, la Supercom imprimió 300 000 textos de bolsillo de la Ley, en los que se observa la corrección del segundo inciso de la transitoria sexta de la norma, con la cual se emitieron resoluciones en contra de 11 medios de comunicación.
La ministra Romo dijo también que se realizan «los trámites que corresponden para comunicarle al Estado de Bolivia que en ambos casos son personas requeridas por la justicia».
Fuente: El Comercio – nota original: LINK
