Jorge Wated, presidente del Directorio del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, informó que durante la emergencia sanitaria por covid-19 en el país, las aportaciones al Instituto alcanzan una cifra aproximada de USD 30 millones, más otros pagos, sumaría un valor cercano a los USD 50 millones. Aseguró que la entidad “no puede seguir del tamaño que está” y que este viernes se espera un plan de optimización a través de la Dirección General y el “equipo de trabajo”.

La Concejala de Quito, Luz Elena Coloma, anunció que, sin presunciones de actos de corrupción, realizó un pedido de la información preparatoria, precontractual y contractual del proceso debido a que el contrato no se encontraba publicado en el portal de compras públicas. Informó que se trata de la adquisición más “ponerosa” de la Alcaldía y agregó que en su facultad fiscalizadora tiene la obligación de verificar el destino de los fondos municipales. Puntualizó también que se adjudicó el contrato a una empresa que envió una propuesta por 100 000 pruebas PCR, a pesar de que los otros ofertantes y la solicitud de la Secretaría de Salud era de 200 000. Pese a la diferencia de compra, el valor de pago se mantuvo en USD 3 774 000 millones.

El Alcalde de Quito, Jorge Yunda, aseveró que la Secretaría de Salud con el acompañamiento de Quito Honesto, participa en las decisiones de compra a proveedores de insumos médicos calificados por la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (ARCSA), refiriéndose a las recientes investigaciones por presuntos sobreprecios en pruebas PCR adquiridas por el Municipio de la ciudad. Ratificó que como Alcalde de Quito no participa en esas decisiones. También aseguró que las pruebas para Covid-19 ya están en Quito y se están preparando equipos y capacitando personal de forma telemática para realizar 1 500 pruebas diarias.

El vicealcalde de Quito, Santiago Guarderas, manifestó que el Municipio delegó la competencia para la compra de insumos médicos al secretario de Salud, Lenín Mantilla. Aclaró que ni el alcalde, Jorge Yunda, ni el Concejo Metropolitano tienen la función para realizar adquisiciones. Anunció que se encendieron las alertas porque la necesidad inicial fue de 200 000 pruebas PCR y llegaron solamente 100 000. Reiteró que se tiene que llevar adelante todo el proceso de investigación y dijo que las autoridades municipales requieren una contextualización de información para derivar el origen de los presuntos sobreprecios.

La Directora de Participación Ciudadana, Ruth Hidalgo, manifestó que durante el confinamiento, ha crecido exponencialmente el número de agresiones en redes sociales a mujeres políticas o con representatividad pública. Puntualizó que los monitoreos de la Organización dedujeron que la violencia política hacia las candidatas mujeres está deteniendo su derecho de ganar espacios de decisión política y de poder. Hidalgo agregó que hace más de un año y medio han propuesto una normativa y una nueva reforma al Código de la Democracia para evitar estas agresiones especialmente vía redes sociales.

Jorge Yunda, alcalde de Quito, anunció este miércoles que el Municipio del Distrito Metropolitano está dispuesto a colaborar con la información necesaria para la investigación por presunto sobreprecio en la compra de pruebas para covid-19, anunció que ha solicitado la separación de los funcionarios involucrados en el proceso.