En Notimundo Estelar, Santiago Guarderas, alcalde de Quito, aclaró que el 21 de diciembre se realizará la apertura de la primera fase del Metro de la capital, para que los ciudadanos se “familiaricen” con el subsistema, lo que no representa el inicio operacional de la obra.

En Notimundo Estelar, Marcela Arellano, Presidenta del Frente Unitario de Trabajadores (FUT), se refirió a la inconformidad desde el gremio por el incremento de USD 25 al Salario Básico Unificado(SBU). Mencionó que es necesaria una política salarial e incrementar la capacidad de consumo; y en el marco de la movilización convocada para el 8 de diciembre, aclaró que será pacífica, pues no involucra el levantamiento popular.

Pachakutik (PK) anunció que el próximo martes 6 de diciembre, presentará una denuncia contra el asambleísta de Unes, Blasco Luna, por provocar incidentes violentos y expresarse en términos discriminatorios durante la sesión plenaria del pasado 29 de noviembre. Además, solicitará que se lo suspenda por 90 días y sin remuneración. En Notimundo Estelar, Salvador Quishpe, asambleísta por PK, aseguró que no es la primera vez que, desde ese bloque, se emiten expresiones de este tipo.

El Frente Parlamentario Anticorrupción solicitó al presidente Guillermo Lasso que elimine la tabla de consumo de drogas debido a que esta se ha convertido en “la puerta abierta a la comercialización indiscriminada de sustancias. En Notimundo A La Carta, Pedro Velasco, asambleísta por Avanza, explicó que no existe un organismo técnico que regule o norme esta tabla y exhortó al Estado a poner más atención y a destinar recursos para tratar esta problemática.

En Notimundo A La Carta, José Antonio Camposano, presidente de la Cámara Nacional de Acuacultura (CAN), cuestionó la disposición del Gobierno, de eliminar el subsidio al diésel del sector camaronero para las fincas de más de 30 hectáreas productivas, y aseguró que esta medida afecta de manera directa a la industria, al 82% del hectareaje a nivel nacional.

La pugna que se mantiene en torno al manejo del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) pone en evidencia los intereses de la Asamblea Nacional y de los consejeros de mayoría, a quienes se acusa de estar auspiciados por el Gobierno. Acusaciones de lado y lado dejan entrever que los fines para los que fue creado el organismo quedan en segundo plano, y que lo que prima es la lucha de poderes para seleccionar a las autoridades de control. Mientras tanto, consejeros de mayoría y minoría defienden la legalidad de sus actuaciones.