Gustavo Jalkh, presidente del Consejo de la Judicatura (CJ), en entrevista en Notimundo a la Carta, con Marcela Holguín, confirmó que Ecuador actualmente, cuenta con 12 jueces por cada 100 mil habitantes, superando el promedio latinoamericano que es de 11. Esto, según el funcionario, ha permitido el incremento de la productividad judicial, en todas las materias, porque de cada 100 causas ingresadas, se resuelven 124, es decir, que se despachan procesos de años anteriores. «Ecuador se encuentra en primer lugar de lucha contra la impunidad a nivel latinoamericano y ello se logra por un trabajo coordinado entre el Consejo de la Judicatura (CJ), Fiscalía, la Defensoría Pública y los ministerios Coordinador de Seguridad, de Justicia y del Interior», afirmó.
Jalkh señaló, además, que el 96% de audiencias convocadas se realizaron en el primer llamamiento, apenas el 4% falló y estos resultados, gracias a la implementación de la oralidad y las audiencias a través de videoconferencias, ayudan a que avancen los procesos penales. «El año pasado, se realizaron 7.281 audiencias virtuales. En algunos procesos, participaron desde Europa, EE.UU, entre otros países. Este sistema ha permitido al Estado ahorrar casi 3 millones de dólares, debido al costo que tenía la custodia y traslado de las personas privadas de libertad», afirmó el funcionario, quien añadió, también, que en años anteriores se tenían más de 2.000 sumarios pendientes, ahora únicamente 35.
Asimismo, explicó que uno de los retos para el 2016 es poner en marcha el sistema de oralidad en materias no penales, dejando de lado el viejo sistema escrito lleno de incidentes y dilaciones. «Tendremos procesos judiciales más ágiles, eficientes y simples. Todos los jueces están siendo capacitados y, desde mayo, se pondrá en marcha este sistema que no únicamente buscará juicios rápidos, sino, con certezas y con respeto, al debido proceso», afirmó.
Mientras tanto, sobre las propuestas del presidente de la República, Rafael Correa, quien se refirió a la posibilidad de que el Estado pueda pagar la pensión alimenticia y la persona deudora descontar ese valor con trabajo para el Estado, y de la implementación del proyecto «uso de los dispositivos de vigilancia electrónica» como alternativa para “garantizar el derecho superior que tiene el menor a la alimentación”, Jalkh afirmó que estos cambios implicarían una reforma legal que deberá ser discutida y analizada para poder viabilizarla. «Un principio fundamental que no puede estar en juego es el interés superior del niño», acotó.
